Trabajar en el Perú empieza a parecer, para demasiados ciudadanos, un acto de resistencia. El comerciante que levanta su reja, el transportista que enciende su unidad, el bodeguero que atiende en la esquina o el modesto empresario que intenta sobrevivir ya no solo enfrentan deudas, competencia e informalidad. Ahora también enfrentan llamadas, mensajes, amenazas, balas contra fachadas y cobros ilegales. La extorsión ha convertido el derecho a trabajar en una actividad bajo vigilancia del miedo.
La extorsión no es un delito aislado. Es una forma de control. Donde antes había mercado, ruta, taller o negocio familiar, hoy aparece una voz anónima que exige dinero para “dejar trabajar”. Esa frase resume el fracaso de un Estado que no logra garantizar lo más básico: que una persona pueda ganarse la vida sin pedir permiso a una banda criminal.
El problema golpea con especial dureza al transporte, al comercio y a los comercios minoristas. El Gobierno aprobó en enero de 2026 disposiciones complementarias para implementar la Ley n.º 32490, orientada a combatir la extorsión y el sicariato contra empresas de transporte público, carga y mercancías. La existencia de una norma específica confirma la gravedad del fenómeno: el crimen ya no amenaza solamente a individuos, sino a servicios esenciales para la economía y la movilidad social.
Pero la ley, por sí sola, no protege una bodega ni detiene una bala. Las víctimas necesitan patrullaje real, inteligencia criminal, fiscalías efectivas, control de cárceles, investigación financiera y protección para denunciar. Sin eso, la norma se queda en papel, mientras los extorsionadores siguen operando con una eficiencia que el propio Estado debería envidiar.
La situación también afecta directamente el bolsillo ciudadano. Cuando un transportista paga cupos, el costo termina trasladándose al usuario. Cuando una bodega invierte en cámaras, rejas o seguridad privada, suben sus gastos. Y cuando un negocio cierra por miedo, pierde el dueño, pierde el trabajador y pierde el barrio. Un reporte periodístico de junio de 2026 señaló que las extorsiones crecieron 20% en el Perú y que miles de bodegas y comercios minoristas destinan hasta 10% de sus ingresos a seguridad.
La extorsión no solo roba dinero: roba libertad. Obliga a bajar la voz, cerrar temprano, cambiar rutas, apagar luces y desconfiar hasta del teléfono. Es el impuesto ilegal del miedo, cobrado a quienes sostienen la economía real mientras la política promete soluciones desde oficinas protegidas.
El país no puede normalizar que trabajar sea peligroso. La seguridad no puede depender de la suerte, del barrio o de cuánto pueda pagar una víctima para protegerse. Si el Estado no recupera el control territorial, las bandas seguirán administrando el miedo como si fuera una licencia comercial.
Reflexión final
Una sociedad donde emprender exige valentía y salir a trabajar parece una apuesta; está enferma de abandono. La extorsión sin freno no solo desafía a la Policía; desafía a la democracia. Porque cuando una banda decide quién trabaja y quién calla, el Estado ya no está ausente: está siendo reemplazado. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).