Por Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra
Mientras el país entero exige justicia, transparencia y renovación política, el Congreso de la República aprueba, sin pudor alguno, el regreso de la inmunidad parlamentaria. Sí, ese escudo que durante años sirvió para que corruptos, investigados, abusadores y traficantes de influencias se escondieran tras el cargo y evitaran la justicia. Esta vez no es un error legislativo, es una provocación directa. Es una bofetada al pueblo que exige castigo, no protección. Y es también un recordatorio de lo que está en juego el próximo 12 de abril de 2026, cuando los peruanos tendremos una oportunidad histórica: no elegir a ninguno de los 130 congresistas que hoy, una vez más, han optado por blindarse antes que reformarse.
La Comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó por mayoría el predictamen que restablece la inmunidad parlamentaria, eliminada en 2020 como una tímida respuesta al hartazgo popular. Hoy, esa protección regresa con todo su cinismo: los nuevos senadores y diputados no podrán ser procesados ni detenidos sin autorización previa de su cámara o de la Comisión Permanente.
Y como si la maniobra no fuera ya ofensiva, la lista de votos a favor resume perfectamente el verdadero pacto infame que sostiene este Congreso: fujimoristas, cerronistas, acciopopulistas, “renovadores” y oportunistas de APP y Podemos. Todos unidos por una sola causa: protegerse entre ellos, sin importar las consecuencias para el país. Es una reedición del viejo juego político peruano: se pelean de día, se blindan de noche.
La narrativa es conocida. Alegan que la inmunidad es necesaria para evitar «persecuciones políticas» o “presiones judiciales”, como si los peruanos no supiéramos que en este Congreso hay decenas de congresistas investigados por delitos reales, no imaginarios: lavado de activos, colusión, tráfico de influencias, abuso de autoridad. No es persecución, es rendición de cuentas. Y eso es justamente lo que este blindaje busca evitar.
Para disimular, han añadido excepciones en el predictamen. Que la inmunidad no se aplicará a delitos cometidos antes de la elección. Que en caso de flagrancia se puede actuar. Que la Corte Suprema intervendrá si el Congreso no responde en 30 días. Pero no se engañe nadie: esto es una trampa con forma de ley. Es una restauración de privilegios que nunca debieron volver. Y es, sobre todo, una burla a la población que exige lo contrario: igualdad ante la ley.
Lo más indignante es que este acto de autodefensa descarada ocurre en un Congreso con más del 90% de desaprobación, que ha blindado a sus propios miembros frente a denuncias de corrupción, que ha recortado derechos, que ha archivado reformas electorales clave, que ha legislado a espaldas del país. Y ahora, busca blindarse de nuevo, para asegurar que nada ni nadie los toque.
El 12 de abril de 2026 será más que una elección. Será un veredicto. Cada ciudadano tendrá en sus manos la posibilidad de cerrar el ciclo de impunidad. De no reelegir a ninguno de los 130 congresistas que hoy usan el Congreso como un escudo, no como un servicio. Esa es la única respuesta legítima que le queda al país: ni un voto a los que se blindan. Ni uno.
El regreso de la inmunidad parlamentaria es una vergüenza nacional. No por lo que representa legalmente, sino por lo que evidencia políticamente: un Congreso que ya no legisla para el pueblo, sino contra él. Y si la ciudadanía no actúa con memoria y firmeza, entonces estos blindajes seguirán creciendo. Hasta que no quede justicia, ni dignidad, ni democracia que defender.
La inmunidad que quieren no es para proteger al Congreso. Es para protegerse de nosotros. Y es nuestra obligación democrática impedir en las urnas que lo consigan.