Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Vladimiro Montesinos cumple 80 años. Y como si el tiempo purgara sus crímenes, su abogado anuncia que exigirá su libertad amparado en la Ley 32181, aprobada por el Congreso y promulgada por Dina Boluarte. La norma, presentada como un gesto “humanitario”, es en realidad una puerta giratoria hecha a medida de los poderosos de siempre. La misma que pretendió beneficiar a Fujimori antes de su fallecimiento. La misma que ahora busca excarcelar al arquitecto de la corrupción institucionalizada más brutal que haya vivido el Perú en democracia. ¿Qué más tiene que ocurrir para que entendamos que el Congreso no legisla para el pueblo, sino para los fantasmas del poder?.
Con los vladivideos como moneda de cambio y el chantaje como doctrina de Estado, Vladimiro Montesinos construyó un aparato de espionaje, control, represión y corrupción que manchó para siempre la política peruana. No fueron errores. No fueron excesos. Fueron crímenes. Planificados. Ejecutados. Encubiertos. Masacres como la de Barrios Altos y desapariciones como la de Fortunato Gómez Palomino no prescriben con la edad. No se borran con canas. No se diluyen entre libros y silencios en la Base Naval del Callao.
Hoy, el Congreso y el Ejecutivo han abierto el camino para que Montesinos vuelva a pisar la calle. No es un error legal. Es una jugada política. La Ley 32181, aprobada en diciembre, establece que las personas mayores de 80 años deben cumplir sus condenas bajo comparecencia o detención domiciliaria. Lo que no dice, pero todos sabemos, es para quién fue diseñada.
Montesinos no está condenado por robar caramelos. Tiene múltiples sentencias firmes por delitos de lesa humanidad y corrupción. La defensa ya lo ha dicho: ni siquiera aceptará arresto domiciliario. Pedirá libertad con restricciones. Como si no fuera un símbolo vivo de la impunidad, de la manipulación del poder judicial y del colapso ético del Estado en los años 90.
¿Quién permitió esto? El Congreso de la República, con mayoría servil, con bancadas alineadas a intereses que siguen orbitando alrededor del fujimorismo y de los resabios autoritarios. Y lo hizo con una ley general pero con nombres propios. No importó que los crímenes sigan siendo investigados internacionalmente. No importó el precedente. Importó blindar el pasado para garantizar el presente.
Y mientras tanto, se prepara el guion: el abogado amenaza con denunciar por prevaricato a cualquier juez que se atreva a frenar la liberación. Montesinos reclama derechos que jamás reconoció a sus víctimas. Se victimiza. Se indigna. Se presenta como un preso político incomunicado. Como si el silencio fuera castigo y no protección.
La Corte Suprema ya había rechazado en 2021 el pedido de refundir sus penas. Pero ahora, con el antecedente del Tribunal Constitucional en el caso Rivero Lazo —ex jefe del SIE— la defensa reabre la jugada: amparos, reinterpretaciones legales, comparaciones tramposas. Una estrategia hecha a la medida de quien sabe usar la ley como escudo y la justicia como mesa de operaciones.
Vladimiro Montesinos no debería salir libre. No por venganza. Por justicia. Porque hay crímenes que no envejecen. Porque su libertad sería un mensaje devastador para el país: que se puede torturar, desaparecer, corromper y manipular, y aún así vivir el ocaso en libertad, con dignidad impuesta por decreto.
El Congreso vuelve a ser cómplice. Dina Boluarte, la firmante silenciosa. Y el sistema judicial, una vez más, puesto a prueba.
Si Montesinos pisa la calle, no será solo un hombre el que salga de la Base Naval. Será un símbolo de todo lo que no hemos sabido corregir. Será el regreso del cinismo con documento oficial. Será el fracaso del Perú frente a su propia memoria.
La pregunta es simple: ¿vamos a permitirlo?
Porque si Montesinos camina libre, la democracia peruana empieza a morir otra vez.