Un país que cuenta cadáveres. Los primeros 50 días del gobierno de Keiko Fujimori dejan una cifra imposible de disimular con discursos, estados de emergencia o conferencias oficiales: 267 homicidios registrados entre el 28 de julio y el 14 de septiembre. La cantidad real podría aproximarse a 300 debido a decenas de fallecimientos todavía pendientes de clasificación.
El crimen no comenzó con esta administración, pero gobernar significa asumir una realidad heredada y responder con resultados. Cada día sin una estrategia efectiva permite que las organizaciones criminales amplíen sus territorios, consigan armas y conviertan la muerte en parte del paisaje nacional.
Un análisis realizado por el especialista Juan Carbajal, a partir de los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones, revela que 196 de las 267 víctimas murieron por disparos. Las armas de fuego explican así el 73,4 % de los homicidios contabilizados.
Los porcentajes resultan todavía más alarmantes en Piura, Ica, La Libertad, Callao y Lima, donde la violencia armada concentra buena parte de los crímenes. Entre el 11 y el 14 de septiembre, el registro pasó de 248 a 267 homicidios: 19 muertes adicionales en apenas 72 horas.
Existen, además, por lo menos 29 fallecimientos por impacto de bala que continúan sin clasificación definitiva. La estadística oficial no solo llega tarde; también podría estar mostrando una tragedia menor que la real.
El Gobierno de Keiko Fujimori no puede continuar administrando la inseguridad mediante anuncios de operativos, declaraciones de emergencia y cambios de funcionarios. Un estado de emergencia que no reduce los homicidios corre el riesgo de convertirse en una ceremonia burocrática: restringe derechos, moviliza uniformados y finalmente deja intacto el poder de las mafias.
La dimensión más dolorosa aparece entre los adolescentes. Entre enero y agosto de 2026 fueron asesinados 67 menores de edad, cifra superior a los 62 casos de todo 2024 y cercana a los 88 registrados durante 2025. De esas víctimas, 46 murieron por armas de fuego. Otros diez decesos por disparos permanecen bajo una clasificación pendiente.
No son números aislados. Son jóvenes a quienes el país ofreció discursos sobre futuro mientras las balas llegaron primero.
También preocupa la debilidad de la información estatal. Si la Policía, el Sinadef y otras instituciones trabajan con metodologías o ritmos de actualización diferentes, el Gobierno combate una emergencia cuya dimensión ni siquiera puede establecer con precisión. Sin estadísticas confiables, las políticas de seguridad terminan diseñándose a oscuras.
La Caja Negra exige que el Gobierno abandone cualquier intento de presentar una normalidad inexistente. Keiko Fujimori debe liderar una estrategia verificable, con objetivos públicos, plazos, responsables e indicadores independientes.
Se requiere inteligencia policial, control efectivo de armas, persecución financiera de las organizaciones criminales, fortalecimiento de las fiscalías y protección especial para adolescentes y territorios vulnerables. También debe unificarse el registro de homicidios para impedir que la desorganización estadística termine ocultando víctimas.
Reflexión final
La presidenta no puede ser responsabilizada individualmente por cada crimen, pero sí políticamente por la respuesta de su gobierno. Cincuenta días pueden ser insuficientes para resolver una crisis acumulada durante años, pero son suficientes para demostrar si existe conducción, sinceridad y rumbo.
Por ahora, las cifras muestran un país donde las balas avanzan más rápido que las decisiones oficiales. Cuando un gobierno pide paciencia mientras las familias entierran a sus muertos, el tiempo político deja de medirse en días: comienza a medirse en vidas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).