“A un animal lo trata como animal, no tiene derechos”. Con esa frase, Rafael López Aliaga exigió a la presidenta Keiko Fujimori una respuesta más radical contra los sicarios. El hartazgo ciudadano frente a quienes asesinan por encargo es comprensible y legítimo. Lo inaceptable es convertir esa indignación en una licencia para negar derechos, promover procesos sumarios o sugerir que el Estado puede matar porque se considera en “guerra”.
López Aliaga cuestionó la falta de policías en las calles y propuso trasladar agentes que realizan labores administrativas, vigilan instalaciones o controlan fronteras. Esa discusión resulta necesaria. El Gobierno debe explicar por qué, mientras la criminalidad avanza, numerosos efectivos permanecen alejados de las tareas de seguridad ciudadana. Keiko Fujimori tiene la obligación de responder con rapidez, estrategia y resultados, no únicamente con anuncios.
Sin embargo, una política de seguridad no puede comenzar despojando de humanidad al sospechoso. Los sicarios deben ser capturados, procesados y sancionados con todo el rigor permitido por la ley. Pero llamarlos “animales” y afirmar que carecen de derechos introduce una doctrina incompatible con la democracia: que una autoridad pueda decidir quién continúa siendo persona y quién deja de merecer protección jurídica.
Los derechos humanos no desaparecen cuando alguien comete un crimen. Existen precisamente para impedir que el poder público torture, ejecute o condene sin pruebas. Negarlos al delincuente no devuelve la vida a las víctimas ni desarticula organizaciones criminales. Solo abre una puerta por la que mañana podrían pasar la arbitrariedad, los errores judiciales y los abusos contra inocentes.
También resulta preocupante convertir a las bandas criminales en “objetivos militares”. El crimen organizado exige inteligencia, investigación fiscal, cooperación internacional, control financiero, policías especializados y cárceles que no funcionen como centros de operaciones. Confundir seguridad ciudadana con guerra puede reemplazar la justicia por una peligrosa lógica de eliminación.
López Aliaga tiene derecho a reclamar mayor firmeza al Gobierno de Keiko Fujimori. Pero la firmeza democrática se demuestra capturando criminales, reuniendo pruebas y obteniendo condenas, no ofreciendo castigos fuera del orden constitucional. El Estado debe ser más eficaz que el sicario, no parecerse a él.
Reflexión final
Una sociedad se mide no solo por cómo protege a sus víctimas, sino también por los límites que impone a quienes ejercen el poder. Cuando un dirigente afirma que alguien “no tiene derechos”, la amenaza ya no recae únicamente sobre los criminales: alcanza al principio de igualdad ante la ley. Combatir el sicariato exige autoridad; deshumanizar exige apenas ira. Y gobernar desde la ira nunca ha sido justicia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).