El Gobierno reasignó a 23 altos oficiales de la Policía Nacional bajo la conocida fórmula de “necesidad del servicio”. Son veinte generales y tres tenientes generales trasladados entre direcciones, regiones e inspectorías. El movimiento más visible es la salida de Víctor Revoredo de la Dirección de Investigación Criminal para asumir la Dirección de Asuntos Internacionales. La pregunta inevitable es si estamos ante una reforma policial o frente a otro intercambio de oficinas mientras la delincuencia conserva sus territorios.
Revoredo había asumido la Dirincri en enero, después de dirigir investigaciones contra secuestros y extorsiones. No pasa al retiro ni recibe una sanción: simplemente cambia de función. Su reemplazante será Ricardo Espinoza Cuestas, procedente de la Región Policial La Libertad, donde participó en acciones contra organizaciones como el Tren de Aragua y Los Pulpos, pero también enfrentó cuestionamientos por el crecimiento de homicidios y extorsiones.
La resolución modifica otras posiciones estratégicas: Inspectoría General, Comando de Operaciones Policiales, Seguridad del Estado, Operaciones Especiales, Lavado de Activos y regiones policiales de Lima y Callao. Sobre el papel, la reorganización busca adaptar especialidades y mejorar la eficacia institucional. Sin embargo, mover nombres no garantiza mejores investigaciones, patrullaje eficiente ni reducción de delitos.
La inseguridad no se combate como si la Policía fuera un tablero donde basta cambiar las fichas. Cada traslado debería responder a evaluaciones públicas de desempeño, metas incumplidas, capacidades técnicas y resultados verificables. De lo contrario, la “necesidad del servicio” termina funcionando como una expresión suficientemente amplia para explicarlo todo sin explicar realmente nada.
El caso del teniente general Augusto Ríos Tiravanti añade otra interrogante. Fue separado temporalmente del Estado Mayor mientras se desarrollan actuaciones vinculadas a un procedimiento administrativo disciplinario. La medida es preventiva y no constituye una sanción. Precisamente por ello, corresponde exigir información oficial sobre el hecho investigado, respetando a la vez el debido proceso y la presunción de inocencia.
Una reforma policial auténtica necesita continuidad operativa, inteligencia integrada, presupuesto, control interno, indicadores y rendición de cuentas. También conviene explicar las razones de cada cambio de responsable y los resultados esperados del reemplazo. Sin esa transparencia, la reorganización corre el riesgo de convertirse en rotación burocrática.
Reflexión final
Mientras los generales estrenan despachos, los ciudadanos continúan cerrando negocios temprano, modificando rutas y pagando por su seguridad. El Gobierno puede reasignar 23 cargos en una resolución, pero no puede declarar reorganizada la realidad. Si dentro de algunos meses la extorsión y los homicidios siguen creciendo, quedará claro que no se reformó la Policía: únicamente se reorganizó el organigrama. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).