El oro ilegal ya supera al legal en las exportaciones peruanas. Durante el primer semestre de 2026 concentró el 54% del volumen enviado al exterior, mientras los despachos formales retrocedieron. No hablamos de unas pepitas escondidas dentro de una maleta, sino de toneladas que atraviesan cadenas comerciales, controles y fronteras hasta convertirse en millones de dólares.
La ilegalidad dejó de caminar por la puerta trasera. Ahora ocupa el salón principal de una de las exportaciones más valiosas del país, mientras el Estado parece limitarse a contar cuánto crece.
Entre enero y junio, las exportaciones de oro ilegal aumentaron 19,4%, mientras las legales disminuyeron 5,9%. El mineral de origen ilícito superó al formal por 8,7 toneladas. Según las proyecciones del Instituto Peruano de Economía, el año podría terminar con entre 110 y más de 120 toneladas exportadas ilegalmente.
El valor de esos envíos alcanzaría al menos US$16.000 millones y podría superar los US$18.000 millones, impulsado por una cotización internacional cercana a US$4.500 por onza. El oro ilegal no solo crece: cotiza, se comercializa y encuentra compradores con una eficiencia que el Estado no muestra para fiscalizarlo.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede salir del Perú semejante volumen sin que funcionen adecuadamente la trazabilidad, la supervisión aduanera y el control financiero? El mineral no cruza las fronteras por arte de magia ni aprende a llenar documentos de exportación. Detrás existen redes de extracción, transporte, procesamiento, financiamiento y comercialización.
Mientras tanto, el Registro Integral de Formalización Minera continúa acumulando prórrogas. Según el IPE, apenas alrededor del 2% de sus inscritos habría terminado el proceso. Una formalización que casi nadie culmina, pero que se extiende repetidamente, comienza a parecer menos una solución que un permiso para prolongar el problema.
La expansión ilegal también amenaza áreas naturales protegidas, reservas indígenas, zonas arqueológicas y más de US$12.000 millones en inversiones formales.
El Gobierno debe establecer trazabilidad obligatoria, fiscalizar plantas procesadoras y comercializadoras, depurar el Reinfo y perseguir las rutas financieras del oro ilegal. Controlar únicamente los campamentos resulta insuficiente si el metal continúa saliendo del país con apariencia comercial.
Reflexión final
Las exportaciones deberían representar productividad, empleo y desarrollo. Cuando más de la mitad del oro exportado tiene origen ilegal, la cifra deja de ser un éxito económico y se convierte en un certificado de fracaso institucional. El metal brilla al salir del Perú; lo que queda detrás es un Estado opaco, territorios destruidos y una legalidad que perdió la competencia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).