Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
El dinero que miles de migrantes peruanos envían cada mes a sus familias no cae del cielo: se gana con esfuerzo, jornadas agotadoras y sacrificios que rara vez se ven desde la comodidad de los escritorios de poder. Ahora, ese sacrificio será castigado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, bajo el impulso de Donald Trump, ha aprobado un impuesto del 3,5% a las remesas enviadas al extranjero. El Senado definirá su destino. Y si pasa, el mensaje es claro: ayudar a tu familia en Perú —o en cualquier rincón de América Latina— será penalizado por el simple hecho de no haber nacido en suelo estadounidense.
El impacto es tan brutal como concreto. Si se envían 1.000 dólares, 35 desaparecerán en la aduana fiscal de Trump. No volverán como servicios, ni como beneficios. Se esfumarán como parte de una estrategia de “castigo migratorio” que busca convertir la ayuda en delito y la solidaridad en carga. En un contexto en el que el Perú recibe casi 5.000 millones de dólares anuales en remesas, este impuesto es un golpe directo al estómago de millones de hogares peruanos que sobreviven —literalmente— gracias a ese dinero.
Pero no se trata solo de economía. Se trata de principios. De la forma en que un gobierno decide, deliberadamente, atacar a los más vulnerables. No a los bancos que lavan dinero, no a las grandes empresas que evaden impuestos, sino a los obreros, cuidadores, mozos, transportistas y estudiantes que cada mes apartan un poco de su sueldo para sostener a sus padres, hijos y hermanos en el país que dejaron atrás.
Y mientras eso ocurre, en Lima el silencio es ensordecedor. ¿Dónde está la Cancillería? ¿Dónde están las voces políticas que suelen pronunciarse por mucho menos? Esta medida no solo afecta a la diáspora peruana. También golpea el consumo interno, la educación, la salud y la calidad de vida de miles de familias que dependen de esas remesas para cubrir lo básico. Si el Estado peruano no reacciona con claridad y contundencia, estará avalando con su pasividad una forma de castigo económico selectivo y cruel.
El pretexto es viejo: controlar la migración. Pero el resultado es otro: empobrecer al que ayuda. Trump ya no se conforma con construir muros físicos. Ahora quiere levantar barreras fiscales. Quiere que cada dólar enviado lleve un precio, un estigma, un castigo. Y lo más grave: quiere que eso se normalice.
Porque si hoy son las remesas, mañana será el acceso a visas, luego el ingreso a universidades, después los permisos laborales. La lógica es la misma: cercar al extranjero, hacerle sentir que siempre está en deuda, que siempre será sospechoso, y que cualquier gesto de generosidad hacia su país es una amenaza para el país que lo acoge.
Si esta medida avanza, no solo se encarecerán las transferencias. Se encarecerá la esperanza. Se encarecerá el derecho de ayudar. Cada remesa enviada desde Estados Unidos será, en la práctica, un acto de resistencia. Y cada familia que la reciba tendrá que agradecer no solo el dinero, sino la lucha que representa.
El Perú no puede mirar a otro lado. Esta es una agresión directa a sus ciudadanos más sacrificados. A esos que se fueron, pero nunca se olvidaron. A esos que sostienen —con billetes, llamadas y promesas— a los que se quedaron. Si callamos, aceptamos. Si no reaccionamos, perdemos. No solo dinero. Perdemos la dignidad.