Un escolar de apenas 13 años, estudiante del primer año de secundaria de la Institución Educativa Privada San Alfonso de Huanta, falleció en circunstancias que deben ser esclarecidas. Su muerte ha causado consternación en Ayacucho, pero corre el riesgo de convertirse en otra tragedia provincial sepultada bajo comunicados de condolencia, minutos de silencio y promesas de investigación. En el Perú de las desigualdades, no todas las muertes provocan la misma reacción: algunas movilizan ministerios; otras apenas consiguen una esquela institucional.
Las circunstancias del deceso deben investigarse con profundidad, independencia y transparencia. Miembros de la comunidad han mencionado posibles antecedentes de acoso escolar, pero esa versión todavía necesita ser confirmada oficialmente. No corresponde fabricar culpables ni dictar sentencias apresuradas. Corresponde algo más serio: establecer qué ocurrió, quiénes conocían la situación, qué señales presentó el menor y qué hicieron —o dejaron de hacer— las instituciones responsables de protegerlo.
La Institución Educativa Privada San Alfonso debe colaborar plenamente con las autoridades y facilitar toda la información necesaria. También corresponde determinar si existieron denuncias previas de violencia escolar, cómo fueron atendidas y si se activaron los protocolos establecidos. Pedir respuestas no significa responsabilizar anticipadamente al colegio; significa exigir transparencia frente a un hecho que ha quebrado a una familia y conmocionado a toda una provincia.
Si existieron alertas y fueron ignoradas, no estaríamos ante una simple omisión administrativa. Estaríamos frente al fracaso de un sistema que exige a los estudiantes hablar, pero con frecuencia no sabe escucharlos. Si no hubo alertas visibles, la pregunta resulta igualmente incómoda: ¿los colegios cuentan realmente con profesionales capaces de identificarlas?
El Ministerio de Educación suele responder a la violencia escolar con protocolos, plataformas, campañas y frases cuidadosamente redactadas. En el papel, todo parece previsto. En la realidad, numerosos colegios funcionan sin suficientes psicólogos, sin seguimiento socioemocional permanente y con docentes obligados a enfrentar situaciones para las cuales no siempre recibieron preparación. El protocolo existe; el profesional que debe aplicarlo, muchas veces no.
Hace pocos días, una denuncia sobre una agresión sexual contra una escolar dentro de un bus volvió a exhibir la gravedad que puede alcanzar la violencia entre estudiantes. Bullying, hostigamiento digital, humillaciones, golpes y agresiones sexuales no pueden seguir tratándose como “cosas de adolescentes”. Esa expresión cómoda ha servido durante años para minimizar el sufrimiento de las víctimas y liberar de responsabilidad a los adultos.
¿Dónde estuvieron la UGEL, la DEMUNA y las demás instituciones encargadas de proteger a la niñez? ¿Dónde está ahora el Ministerio de Educación? Huanta no puede aparecer ante el poder central únicamente cuando ocurre una tragedia. La distancia con Lima no elimina derechos ni reduce responsabilidades.
La Caja Negra exige una investigación integral del fallecimiento, atención psicológica para la comunidad educativa y una evaluación objetiva de las medidas aplicadas desde la UGEL. Investigar no es prejuzgar; es impedir que el silencio proteja posibles negligencias.
El ministro de Educación, José Antonio Chang, debe disponer el envío inmediato de una comisión especializada a Huanta para esclarecer las circunstancias de la muerte del menor y verificar las acciones adoptadas por la institución educativa. Esa comisión también debe evaluar a la UGEL Huanta para determinar si está cumpliendo cabalmente sus funciones de supervisión, prevención y protección de los estudiantes. No se necesita otra visita protocolar, sino una intervención con plazos, responsabilidades y resultados públicos.
El escolar tenía 13 años. Su identidad merece protección; las responsabilidades, en cambio, deben quedar expuestas. Cuando las autoridades llegan después del funeral, ya no están previniendo: están administrando el fracaso. No más estudiantes abandonados frente a la violencia. No más niños invisibles porque nacieron lejos de Lima. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).