El Plan Escudo fue presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori como una respuesta contundente frente a la extorsión, el sicariato y la violencia que mantienen bajo amenaza a transportistas, comerciantes y familias. Más de cuatro mil policías y militares fueron desplegados para recuperar las calles. La demostración de fuerza produjo imágenes oficiales, patrullajes y declaraciones solemnes. Sin embargo, el crimen no se impresionó: los asesinatos continuaron y el miedo siguió cobrando territorio.
Las cifras desnudan el contraste. En los primeros cincuenta días del nuevo Gobierno se registraron 267 homicidios, según un análisis de los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones. Más del 73 % de las víctimas murió por disparos. La cifra real podría ser mayor debido a muertes todavía no clasificadas. Mientras el Ejecutivo exhibía uniformados, las armas ilegales continuaban dictando sentencia en calles, mercados y unidades de transporte.
Un plan de seguridad no se evalúa por la cantidad de agentes formados ante las cámaras ni por el número de vehículos movilizados. Se mide por vidas protegidas, cabecillas capturados, organizaciones desarticuladas, armas incautadas, llamadas extorsivas bloqueadas y condenas efectivas. Bajo esos criterios, el Plan Escudo no ha ofrecido hasta ahora resultados proporcionales al despliegue ni a las expectativas generadas.
La presencia policial puede contener temporalmente el delito en determinados puntos, pero las mafias se trasladan, cambian sus métodos y esperan que termine el operativo. Sin inteligencia financiera, investigación criminal, control penitenciario, depuración policial y coordinación entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, el despliegue termina convertido en una escenografía costosa. El uniforme ocupa la calle durante algunas horas; la organización criminal conserva el dinero, las armas y el control del miedo.
También resulta preocupante la opacidad. ¿Cuántas redes de extorsión fueron desarticuladas? ¿Cuántos cabecillas recibieron sentencia? ¿Cuántas llamadas dejaron de salir de los penales? ¿En qué zonas disminuyeron realmente los homicidios? El país no necesita balances construidos con detenciones momentáneas, operativos rutinarios o cifras seleccionadas. Necesita información verificable, comparable y pública.
El Gobierno podría alegar que recibió instituciones debilitadas y una criminalidad acumulada durante años. Es cierto. Pero Keiko Fujimori llegó al poder prometiendo orden y afirmando que tenía un plan. Quien solicita la confianza ciudadana sobre la base de una solución no puede, una vez en Palacio, refugiarse indefinidamente en la herencia recibida.
La seguridad tampoco se recuperará militarizando cada crisis ni multiplicando estados de emergencia. Las Fuerzas Armadas pueden brindar apoyo excepcional, pero no sustituyen a una policía profesional, una fiscalía con recursos, un sistema penitenciario controlado y una justicia capaz de sancionar oportunamente.
El Plan Escudo prometió proteger al Perú, pero hasta ahora demasiados ciudadanos continúan indefensos. Más uniformes no significan necesariamente más seguridad. Cuando el Estado responde con despliegues y el crimen contesta con cadáveres, la propaganda pierde toda eficacia.
La Caja Negra sostiene que gobernar no consiste en aparentar autoridad, sino en ejercerla dentro de la ley y con resultados. Cada vida perdida confirma que el verdadero escudo todavía no protege al ciudadano. Mientras ese fracaso no sea reconocido y corregido, cambiarán los operativos, los discursos y las fotografías, pero la sangre seguirá siendo la misma. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).