El Perú acudirá a las urnas mientras buena parte de sus gobiernos subnacionales arrastra obras detenidas, contrataciones con escasa competencia y una creciente desconfianza ciudadana. El primer Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026, elaborado por el Instituto Peruano de Economía, revela que 19 de las 25 regiones presentan mayores riesgos de corrupción y uso inadecuado de los recursos públicos. No es una sentencia penal, pero sí una alarma institucional que ningún candidato debería ocultar detrás de sus promesas.
El deterioro resulta inocultable. En 2019, solo tres regiones se encontraban en los niveles altos de riesgo. Actualmente son diez, entre ellas Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Lima Provincias y Tumbes. Mientras las campañas ofrecen carreteras, hospitales y colegios, la gestión pública deja una geografía de expedientes, presupuestos inmovilizados y obras que nunca llegaron a servir.
Según el IPE, el 62% de las obras paralizadas o abandonadas corresponde a gobiernos regionales y municipalidades. Cada proyecto detenido representa dinero que no produce bienestar: centros de salud sin terminar, caminos que no conectan, sistemas de agua que no funcionan y sobrecostos que terminan pagando los ciudadanos.
Tumbes refleja el escenario más crítico. El 72% de sus obras se encuentra paralizado y el 43% de sus contrataciones se realizó directamente con una sola empresa, sin competencia entre proveedores. Los estados de emergencia por inseguridad y fenómenos climáticos permiten contratar con rapidez; sin embargo, la urgencia administrativa no puede convertirse en un corredor permanente para reducir controles y competencia.
Arequipa, Cusco, Piura, Moquegua y Tacna presentan mejores resultados. Pero ninguna región, según el índice, posee condiciones suficientes para garantizar plenamente la integridad y el uso eficiente de los recursos. Incluso los mejores ubicados deben fortalecer transparencia, planificación, vigilancia ciudadana y rendición de cuentas.
El problema no consiste solamente en cuánto dinero se pierde. También importa lo que deja de construirse. Una obra abandonada es presupuesto enterrado y, al mismo tiempo, un derecho postergado.
Los próximos gobernadores y alcaldes no recibirán únicamente bandas y credenciales. Heredarán contratos cuestionados, proyectos detenidos y una confianza pública debilitada. Por ello, cada candidatura debe explicar cómo transparentará sus contrataciones, reactivará obras viables y permitirá una fiscalización independiente.
Reflexión final
Votar sin revisar antecedentes, equipos y compromisos de integridad es entregar las llaves del presupuesto regional con los ojos cerrados. La corrupción no comienza cuando desaparece el dinero; empieza cuando la opacidad se normaliza, la emergencia sustituye al control y una obra paralizada deja de indignarnos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).