El Perú tiene más de 55.000 colegios públicos, pero el Ministerio de Educación dispone de poco más de 4.000 plazas para psicólogos escolares. La comparación es brutal: si cada plaza correspondiera a una institución —algo que ni siquiera ocurre siempre—, la cobertura apenas bordearÃa el 7 %. En otras palabras, más del 90 % de los colegios estatales continuarÃa sin un profesional permanente capaz de detectar, atender y acompañar problemas emocionales, bullying, violencia sexual, agresiones y otras amenazas contra los estudiantes.
No se trata de una omisión menor ni de una carencia inesperada. La Ley N.º 29719, modificada por la Ley N.º 31902, estableció la necesidad de contar con profesionales de psicologÃa en las instituciones educativas para prevenir y atender la violencia. La norma existe, fue promulgada y es conocida por las autoridades. Lo que continúa ausente es el presupuesto suficiente para cumplirla. El Estado legisla con solemnidad, promete con entusiasmo y ejecuta a un ritmo de tortuga.
La gravedad de esta brecha queda expuesta frente a las cifras de violencia escolar. Entre enero y agosto de 2026, la plataforma SÃseVe registró 11.805 reportes, la cantidad más alta para ese periodo desde que existen registros. De ellos, 8.156 correspondieron a hechos de violencia entre estudiantes. Los reportes de violencia sexual aumentaron 35,4 %, mientras también crecieron las agresiones fÃsicas y psicológicas. No estamos ante peleas ocasionales en el recreo, sino frente a una emergencia que se extiende por aulas, patios, redes sociales y vehÃculos escolares.
¿Puede el ministro de Educación alegar desconocimiento? José Antonio Chang dirige un sector que produce estadÃsticas, recibe denuncias y administra la plataforma donde se registra esta violencia. Los datos están en los servidores del ministerio y deberÃan estar también sobre su escritorio. Por eso, la pregunta ya no es si conoce el problema, sino cuánto tiempo más demorará en convertir ese conocimiento en presupuesto, contratación y presencia profesional dentro de cada escuela.
El Minedu promociona programas de orientación, tutorÃas, llamadas y videollamadas. Estas herramientas pueden complementar el acompañamiento, pero no sustituyen a un psicólogo que conozca diariamente a los estudiantes, observe cambios de conducta, intervenga ante señales de alerta y articule la atención con las familias y los servicios de salud. Un formulario digital no contiene a un adolescente en crisis. Una campaña tampoco acompaña a una vÃctima después de denunciar.
Existe, además, una trampa administrativa: contabilizar como cobertura a profesionales itinerantes que deben dividirse entre varios colegios o a psicólogos absorbidos por labores burocráticas en las UGEL. La plaza figura en el balance oficial, pero el especialista no está disponible cuando un estudiante lo necesita. Asà se maquilla la estadÃstica mientras la soledad permanece dentro del aula.
La desigualdad territorial agrava el abandono. Si Lima —donde se concentra una proporción importante de profesionales— ya enfrenta carencias, en provincias, comunidades rurales y zonas amazónicas la atención puede ser excepcional o inexistente. La ContralorÃa advirtió que, en Lima Metropolitana, parte de los pocos psicólogos disponibles realizaba labores administrativas y que apenas 153 trabajaban directamente en instituciones educativas para una población superior a dos millones de estudiantes. Si eso ocurre en la capital, resulta legÃtimo preguntar qué queda para Huanta, Loreto, Ucayali o los distritos más alejados del paÃs.
Un niño de Lima y uno de cualquier provincia tienen el mismo derecho a recibir protección. Sin embargo, el centralismo convierte la distancia en desventaja y la insuficiencia presupuestal en abandono. Cuando ocurre una tragedia lejos de la capital, aparecen comunicados, comisiones y autoridades; antes de ella, predominan el silencio, la demora y la ausencia.
La Caja Negra exige un plan nacional con metas anuales, presupuesto multianual, concursos transparentes, incentivos para trabajar en zonas rurales y supervisión efectiva de las UGEL. También debe impedirse que los psicólogos sean destinados a tareas administrativas o deban recorrer tantos colegios que cualquier seguimiento resulte imposible. Cada institución necesita atención permanente y capacidad de derivación oportuna.
La salud mental escolar no puede continuar tratándose como un complemento decorativo. Cada plaza no creada deja una señal sin interpretar; cada denuncia desatendida puede convertirse en una tragedia. El Estado ya tiene leyes, estadÃsticas y advertencias. Lo que le falta no es información: le falta decisión para cumplir. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).