Keiko Fujimori llegó a Palacio con 60% de aprobación y, apenas dos meses después, cayó al 42%, según Datum para América. Dieciocho puntos menos antes de cumplir cien días no constituyen un pequeño tropiezo estadístico: representan una severa llamada de atención para un Gobierno que prometió orden y ha comenzado administrando inseguridad, descoordinación y promesas aplazadas.
El fujimorismo consiguió el poder que durante años persiguió. El detalle incómodo es que alcanzarlo no equivale a saber gobernar.
La presidenta anunció decretos de urgencia y mayores recursos para la inteligencia policial. Sin embargo, las medidas ofrecidas el 28 de julio no se materializaron, mientras los estados de emergencia volvieron a presentarse como la solución universal. Cuando falta estrategia, a menudo queda declarar que la situación es excepcional, aunque la excepción se haya convertido en rutina.
Durante el primer mes se registraron 151 homicidios, el peor dato atribuido a nueve gestiones presidenciales. En dos meses, el crimen organizado habría dejado más de 200 víctimas mortales. A ello se suma el secuestro de un empresario en Trujillo, liberado después del pago exigido. El Gobierno prometió un escudo; los ciudadanos siguen recibiendo balas, amenazas y comunicados.
La respuesta presupuestal resulta todavía más desconcertante. El proyecto para 2027 recorta S/519 millones a seguridad ciudadana y aumenta 283% los recursos de Defensa. Es decir, mientras la delincuencia controla calles, negocios y transportes, el Ejecutivo decide adelgazar precisamente el presupuesto destinado a enfrentarla. Una estrategia tan sofisticada que el ciudadano común podría confundirla con abandono.
La primera renuncia ministerial llegó antes de los cien días, después de una disputa por recursos entre carteras. El gabinete Galarreta mostró que puede discutir internamente con energía, aunque coordinar soluciones parezca exigirle un esfuerzo sobrehumano. En paralelo, el aumento de Pensión 65 fue trasladado a 2027. Para los más vulnerables siempre existe paciencia presupuestaria; para fortalecer cuotas de poder, rara vez falta urgencia.
El brote de sarampión completa este examen: más de 2.357 casos confirmados y un adolescente fallecido en Loreto. Cuando el Estado abandona territorios, las campañas antivacunas ocupan su lugar.
El primer bimestre deja un Gobierno con poder político, pero sin resultados proporcionales a ese poder. Controlar espacios institucionales podrá facilitar decisiones; jamás reemplazará la obligación de brindar seguridad, salud y protección social.
Reflexión final
La caída al 42% no es persecución ni conspiración: es ciudadanía evaluando. Keiko Fujimori puede corregir el rumbo o seguir confundiendo blindaje con gobernabilidad. Las mayorías protegen en el Congreso; no protegen frente al miedo, la enfermedad ni el desencanto de un país que ya empezó a perder la paciencia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).