Cinco personas fueron asesinadas en Lima durante apenas 48 horas. La cifra no describe una sensación de inseguridad ni una percepción amplificada por los medios: son cinco vidas perdidas, cinco familias quebradas y otra señal de que la violencia continúa avanzando mientras el Estado responde con medidas que no logran contenerla. La capital ya no pregunta dónde ocurrirá el próximo crimen, sino cuándo.
Entre las víctimas se encuentra Pedro José Herrera Veloz, colectivero de 34 años, asesinado dentro de su miniván en el paradero Primera de Pro, en Los Olivos. Los atacantes rompieron el vidrio posterior y arrojaron un artefacto incendiario. El conductor quedó atrapado y murió en el lugar.
La investigación preliminar vincula el ataque con un presunto caso de extorsión. Transportistas de la ruta Primera de Pro–Puente Alipio denunciaron que serían obligados a pagar S/40 semanales bajo amenazas atribuidas a una organización criminal conocida como “Los Mexicanos”. Los cobros se gestionarían mediante WhatsApp y códigos QR. El crimen organizado ha incorporado herramientas digitales mientras la respuesta pública continúa atrapada entre trámites, competencias dispersas y operativos reactivos.
El asesinato del colectivero no debe observarse de forma aislada. Forma parte de una secuencia de cinco muertes violentas en dos días. Cuando los homicidios se acumulan con semejante rapidez, hablar únicamente de “hechos en investigación” resulta insuficiente. Cada expediente abierto después del crimen evidencia que la prevención volvió a llegar tarde.
Las detenciones de presuntos extorsionadores son necesarias, pero capturar cobradores o ejecutores no desarticula automáticamente las redes. Se requiere identificar a financistas, cabecillas, proveedores de armas y operadores que coordinan amenazas desde penales o desde el extranjero. También es indispensable seguir el dinero, proteger a quienes denuncian y recuperar los territorios sometidos al cobro de cupos.
Cinco asesinatos en 48 horas confirman que Lima atraviesa una emergencia que no se resuelve con declaraciones solemnes ni estados de excepción repetidos. La seguridad exige inteligencia criminal, investigación fiscal oportuna, control penitenciario y coordinación institucional con resultados verificables.
Reflexión final
El Perú sigue desangrándose porque matar se ha convertido en un instrumento para cobrar, intimidar y gobernar desde el miedo. Cuando un trabajador debe elegir entre pagar una extorsión, denunciar sin protección o exponerse a morir, la libertad ya fue secuestrada. Un Estado que llega después del crimen no protege: únicamente contabiliza la tragedia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).