El Perú posee una riqueza que, en lugar de financiar escuelas, hospitales y desarrollo, está alimentando contaminación, violencia y economías criminales. En el primer semestre de 2026, el oro de origen ilegal representó el 54% del volumen exportado por el país. La ilegalidad ya superó a la producción formal y, aun así, el Estado continúa observando el fenómeno con la serenidad de quien contempla una estadística ajena.
Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, esta actividad podría mover entre US$16.000 millones y US$18.000 millones durante 2026. No estamos ante mineros aislados buscando sobrevivir, sino frente a una gigantesca economía clandestina capaz de corromper instituciones y disputar territorios.
El alto precio internacional del oro ha convertido cada hectárea de bosque, reserva indígena o zona arqueológica en una tentación para organizaciones que extraen riqueza, dejando mercurio, deforestación y comunidades amenazadas. El metal sale brillante; detrás quedan ríos contaminados, suelos destruidos y poblaciones obligadas a convivir con redes de explotación, trata de personas y violencia.
Mientras las exportaciones ilegales crecieron 19,4% durante el primer semestre, los envíos legales retrocedieron 5,9%. La paradoja es brutal: cumplir las normas parece una desventaja competitiva, mientras burlarlas puede resultar un negocio extraordinario. El Estado fiscaliza al formal con puntualidad y persigue al ilegal con una lentitud casi ceremonial.
El Registro Integral de Formalización Minera fue creado como puente hacia la legalidad. Sin embargo, apenas alrededor del 2% de sus inscritos habría culminado el proceso, pese a las sucesivas ampliaciones. Un mecanismo transitorio terminó convertido en sala de espera permanente, donde algunos permanecen registrados sin formalizarse mientras la extracción continúa.
La respuesta no puede reducirse a operativos esporádicos para destruir maquinaria frente a las cámaras. Se necesita trazabilidad obligatoria del oro, control de plantas procesadoras y comercializadoras, vigilancia de rutas financieras, sanciones efectivas y presencia estatal continua en los territorios. También se requiere una vía realista para quienes sí desean formalizarse, diferenciándolos de las estructuras criminales.
Cuando el oro ilegal supera al legal, el problema ya no se encuentra únicamente en una mina remota. Ha ingresado a las exportaciones, al sistema financiero, a la política y a las instituciones encargadas de combatirlo. Su expansión demuestra una ausencia estatal que otros han convertido en oportunidad económica.
Reflexión final
Ningún metal puede llamarse riqueza si para extraerlo se envenenan ríos, se destruyen bosques y se somete a comunidades enteras. El oro ilegal brilla en los mercados internacionales, pero oscurece el futuro del Perú. Si el Estado continúa reaccionando con discursos y prórrogas, no estará formalizando una actividad: estará normalizando su propia derrota. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).