El Ministerio de Educación evalúa expulsar a escolares responsables de actos graves de violencia. La propuesta pretende recuperar la autoridad perdida en los colegios, pero llega con el sello habitual de la gestión pública: primero se ignoran las señales, luego ocurre el daño y finalmente se anuncia una norma. El Estado aparece con energía cuando la víctima ya fue agredida y el caso dejó de caber bajo la alfombra institucional.
El ministro José Antonio Chang sostiene que “no podemos tener a un agresor al costado del agredido”. Tiene razón, aunque resulta preocupante que una obligación tan elemental necesite ser presentada como nueva política educativa. Proteger inmediatamente a la víctima no debería depender de un escándalo mediático, una protesta familiar ni una orden emitida desde Lima.
La expulsión puede ser necesaria en casos graves. Un estudiante que ejerce violencia acreditada no puede permanecer compartiendo aula, recreo y actividades con su víctima bajo el argumento de preservar la convivencia. Eso no es convivencia: es obligar al agredido a convivir con el miedo para evitarle incomodidades administrativas al colegio.
Pero expulsar tampoco puede convertirse en el nuevo atajo burocrático. Si el alumno es enviado a otra institución, a educación alternativa o a una modalidad remota sin evaluación psicológica, intervención familiar y seguimiento especializado, el Minedu no habrá solucionado nada. Simplemente habrá cambiado el problema de dirección y celebrado la mudanza como política pública.
También existe el riesgo de arbitrariedad. Sin investigación seria, pruebas, derecho de defensa y sanciones proporcionales, la expulsión podría aplicarse contra el estudiante más vulnerable, mientras quienes poseen influencias, recursos o apellidos convenientes encuentran una salida discreta. La autoridad sin reglas no es disciplina; es abuso.
El Ministerio anuncia que convocará a psicólogos y especialistas. Más vale tarde que nunca, aunque esa frase empieza a parecer el lema oficial del sistema educativo. Durante años se exigió a los docentes actuar como pedagogos, vigilantes, mediadores, investigadores y terapeutas, muchas veces sin equipos especializados ni protocolos eficaces.
La regulación de celulares tampoco debe servir como coartada. El teléfono puede grabar y difundir la violencia, pero no la produce por sí solo. Es más sencillo decomisar una pantalla que enfrentar familias ausentes, alertas ignoradas y direcciones escolares que prefirieron proteger el prestigio institucional.
Expulsar puede proteger a la víctima y marcar un límite indispensable, pero solo será legítimo dentro de un sistema con investigación, apoyo psicológico, intervención familiar y continuidad educativa supervisada.
Reflexión final
Una escuela que tolera la violencia abandona al agredido. Un Estado que únicamente expulsa abandona su responsabilidad. Sacar al agresor del aula puede ser urgente; fingir que el problema desapareció con él sería otra forma de negligencia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).