Las elecciones del 4 de octubre podrían no definir a todos los gobernadores regionales del Perú. Si ninguna fórmula obtiene por lo menos el 30 % de los votos válidos en una región, los ciudadanos deberán regresar a las urnas el próximo 29 de noviembre para escoger entre las dos candidaturas más votadas.
La regla está contemplada en la Ley de Elecciones Regionales y busca impedir que una autoridad asuma el gobierno con un respaldo demasiado reducido. Sin embargo, también deja al descubierto la fragmentación política que domina numerosas regiones: demasiados candidatos, organizaciones débiles y una ciudadanía obligada a elegir entre ofertas que pocas veces alcanzan una representación significativa.
El Jurado Nacional de Elecciones estableció oficialmente el 29 de noviembre de 2026 como fecha para la eventual segunda elección regional. La convocatoria se realizará únicamente en aquellas circunscripciones donde ninguna fórmula de gobernador y vicegobernador alcance el mínimo legal del 30 %.
Si un candidato supera ese porcentaje el 4 de octubre, será proclamado ganador y no habrá segunda votación. Si nadie lo consigue, pasarán a la siguiente etapa las dos fórmulas con mayor respaldo. Esta disposición se aplica a las elecciones regionales, no a la elección de alcaldes provinciales o distritales.
Para determinar qué regiones necesitarán una segunda vuelta, la ONPE y los Jurados Electorales Especiales deberán concluir el procesamiento de actas, resolver observaciones y efectuar los recuentos correspondientes. No bastarán las proyecciones, celebraciones anticipadas ni declaraciones partidarias: solo los resultados oficiales establecerán quiénes continúan.
El 30 % es un umbral relativamente bajo. Que algunas candidaturas tengan dificultades incluso para alcanzarlo demuestra hasta qué punto la política regional se encuentra atomizada. No a menudo existe una competencia entre proyectos; con frecuencia, se observa una acumulación de candidaturas personales, improvisadas o construidas únicamente para disputar cuotas de poder.
Durante la campaña abundan los carteles, caravanas y promesas. Escasean, en cambio, los planes técnicamente sustentados para enfrentar la inseguridad, la corrupción, la pobreza, el abandono sanitario, la minería ilegal o la falta de infraestructura. Se ofrece de todo porque, después de las elecciones, casi nadie exige explicar cómo será financiado.
La segunda vuelta puede corregir parcialmente esa dispersión al permitir una elección entre dos alternativas. Pero también abre un periodo peligroso: los candidatos eliminados podrían convertir sus respaldos en mercancía política. Comenzará la búsqueda de alianzas, y con ella el riesgo de acuerdos sobre cargos, contratos o espacios de poder.
Los ciudadanos no son propiedad de ningún partido. Los votos no se heredan ni se transfieren mediante una fotografía o un abrazo de campaña. Cada alianza debe ser pública y explicar sus coincidencias programáticas. De lo contrario, la concertación terminará pareciéndose demasiado a un reparto anticipado del gobierno regional.
Las autoridades electorales deben garantizar resultados transparentes, resolver rápidamente las actas observadas y contener cualquier intento de desinformación. Los candidatos que pasen a la segunda vuelta deberán debatir y presentar compromisos verificables.
Reflexión final
Regresar a las urnas no es perder el tiempo; perderlo sería elegir sin revisar antecedentes, capacidades y equipos. Si nadie alcanza el 30 %, el país tendrá una segunda oportunidad. Que no termine siendo una segunda ocasión para escoger la misma improvisación con distinto eslogan. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).