La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tuvo que retirar a seis trabajadores de las comunidades nativas Nueva Yarina y Puerto Belén, en el distrito de Pastaza, Loreto, ante el riesgo que corría su integridad física. No se trató de una decisión administrativa ordinaria, sino de una evacuación forzada por un escenario de protestas, enfrentamientos y presencia de pobladores armados. Cuando el personal electoral debe abandonar una localidad para proteger su vida, la democracia ya está bajo amenaza.
Los trabajadores habían llegado para organizar la instalación de cinco mesas de sufragio destinadas a 936 electores. Sin embargo, la situación cambió después del fallecimiento del profesor Sundi Simón Kamarampi, candidato a la Alcaldía de Pastaza, tras una colisión entre embarcaciones.
La muerte provocó indignación y tensión en ambas comunidades. Según informó la ONPE, algunos pobladores armados rechazaron la realización de las elecciones y exigieron el retiro de sus servidores. Ante la falta de garantías, los seis trabajadores abandonaron Nueva Yarina y Puerto Belén junto con el material electoral y bajo protección de efectivos de seguridad.
La ONPE actuó correctamente al priorizar la integridad de su personal. Ningún trabajador, sea funcionario, coordinador o técnico electoral, está obligado a permanecer en un lugar donde su vida puede estar en peligro. Defender las elecciones no significa convertir a los servidores públicos en escudos humanos frente a una crisis que otras autoridades debieron prevenir.
Sin embargo, el retiro también expone una preocupante debilidad estatal. La seguridad electoral no puede comenzar cuando aparecen las amenazas. Requiere coordinación previa entre la ONPE, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y las autoridades comunales. Llegar únicamente con cédulas, ánforas y actas resulta insuficiente en territorios donde existen tensiones sociales que pueden escalar rápidamente.
El dolor por la muerte del candidato debe ser atendido y sus circunstancias esclarecidas. Pero ninguna demanda puede sostenerse mediante armas, intimidación o expulsión de trabajadores. La protesta es un derecho; impedir violentamente el proceso electoral puede constituir un delito contra la voluntad popular.
El personal y las mesas fueron trasladados a Ullpayacu, capital distrital. Esto permitirá continuar el proceso, aunque ahora los 627 electores de Nueva Yarina y los 309 de Puerto Belén deberán desplazarse para sufragar.
Retirar a los trabajadores fue una medida responsable ante un peligro concreto. Lo grave es que la ausencia de garantías haya convertido la retirada en la única alternativa posible.
Reflexión final
La integridad del personal electoral no puede negociarse. Si quienes llevan las urnas deben huir, no solo fracasa la seguridad: también retrocede el derecho ciudadano a elegir sin violencia ni miedo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).