El Plan Escudo de Keiko Fujimori fracasó en su propósito fundamental: proteger a la población. Puede exhibir operativos, contingentes y vehículos militares, pero mientras continúen los asesinatos, las extorsiones, los secuestros y el cierre de negocios, ninguna fotografía oficial podrá presentarse como victoria.
Casi setenta días después del inicio del Gobierno, el país continúa desangrándose. La ciudadanía aporta las víctimas; el Ejecutivo, hasta ahora, aporta nombres rimbombantes para operaciones cuyos resultados integrales no publica. El crimen organizado no parece intimidado por el Plan Escudo. Quienes siguen viviendo con miedo son los peruanos.
Exposición de los hechos
El Gobierno desplegó a más de cuatro mil policías y militares para resguardar empresas, terminales y paraderos del transporte público. La medida fue anunciada como una respuesta contra las organizaciones dedicadas al cobro de cupos. Sin embargo, no existe un balance público completo que demuestre una reducción sostenida de extorsiones, homicidios o atentados en las zonas intervenidas.
Según Datum, el 57 % considera que el Gobierno carece de una estrategia de seguridad ciudadana y el 76 % se siente inseguro en las calles. La ciudadanía ha comprendido algo que el Ejecutivo todavía se resiste a admitir: desplegar fuerzas no equivale a recuperar el control.
El Plan Escudo parece concebido para ocupar calles, no para desmantelar organizaciones. Las mafias no operan únicamente en esquinas oscuras. Funcionan mediante cuentas bancarias, teléfonos clandestinos, armas ilegales, redes penitenciarias, informantes y funcionarios que facilitan sus actividades.
Frente a esa estructura, el Gobierno responde con patrullajes y estados de emergencia. Es la política de colocar un vigilante delante del paradero mientras la orden de matar sale desde una prisión. Mucha presencia visible y poca inteligencia perceptible.
Keiko Fujimori prometió durante la campaña que tenía un plan y el equipo para ejecutarlo. Si ese plan existía, debe explicar por qué no produce resultados verificables. Si no existía, entonces la seguridad fue utilizada como promesa electoral. En cualquiera de los dos escenarios, la responsabilidad política corresponde a quien ofreció orden y ahora administra una emergencia permanente.
Fujimori repite el libreto de Dina Boluarte, José Jerí y José Balcázar: declarar emergencias, militarizar sectores, anunciar capturas aisladas y esperar que la indignación ciudadana disminuya. Pero la delincuencia no se derrota cansando a la opinión pública.
Fujimori viajará a El Salvador del 28 al 31 de octubre para conocer la experiencia de Nayib Bukele. Buscar asesoría es razonable; hacerlo después de llegar al poder proclamando que se tenía la solución evidencia improvisación.
El Gobierno debe publicar cifras auditables: extorsiones antes y después del operativo, bandas desarticuladas, cabecillas capturados, cuentas bloqueadas, armas decomisadas, fiscales protegidos y condenas obtenidas. Sin indicadores, el Plan Escudo es propaganda uniformada.
Reflexión final
Un Estado que llega después del disparo no brinda seguridad: levanta cadáveres. El Perú no necesita otra conferencia de prensa ni otro estado de emergencia. Necesita inteligencia, justicia y autoridad efectiva. Mientras el crimen siga gobernando las calles, el Plan Escudo no será una defensa fallida solamente: será el nombre oficial de una promesa incumplida. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).