Rafael López Aliaga insiste en que teme un supuesto “anforazo” de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el ajustado escrutinio por la alcaldía de Lima. La denuncia sería gravísima si estuviera respaldada por evidencias. Hasta ahora, sin embargo, el líder de Renovación Popular ha expresado desconfianza, formulado acusaciones y descalificado al organismo electoral, pero no ha presentado públicamente pruebas capaces de demostrar una manipulación de votos.
El contexto exige responsabilidad. Con el 92,725 % de las actas procesadas, Renovación Popular registraba 27,703 % de los votos, mientras Avanza País alcanzaba 26,841 %. Una diferencia estrecha que obliga a examinar cada observación e impugnación, pero que no convierte automáticamente cualquier demora en fraude.
El término “anforazo” no es una palabra inocente. Evoca urnas adulteradas, votos sustituidos y resultados fabricados. Pronunciarlo desde una posición de liderazgo político, sin documentación verificable, instala la sospecha antes de que concluya el procedimiento. Así se construye un relato conveniente: si el resultado favorece al denunciante, ganó pese al sistema; si lo perjudica, el sistema le habría arrebatado la victoria.
López Aliaga tiene derecho a desconfiar, fiscalizar y denunciar. Para eso existen personeros, copias de actas, recursos de impugnación, Jurados Electorales Especiales, el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público. Lo que no corresponde es sustituir esos mecanismos con imputaciones generales o presentar una posibilidad como si fuera un hecho en marcha.
La ONPE, por su parte, tampoco debe limitarse a rechazar las acusaciones. Debe responder con información: publicar las actas, explicar cuáles fueron observadas, detallar por qué algunas tardan más y permitir que cada cifra pueda rastrearse desde la mesa de sufragio hasta el cómputo oficial. Ante una elección reñida, la transparencia debe ser pedagógica, inmediata y comprobable.
El problema no consiste únicamente en determinar quién gobernará Lima. También está en juego la confianza en el voto. Cuando un dirigente siembra dudas sin pruebas y la autoridad comunica con lentitud, ambos dejan un espacio que rápidamente ocupan la desinformación, la confrontación y el temor.
Si existe un intento de alterar la voluntad popular, debe ser probado y sancionado. Si no existe, utilizar el fantasma del “anforazo” para condicionar el resultado constituye una peligrosa presión sobre las instituciones electorales.
Reflexión final
La democracia no exige silencio ni confianza ciega, sino vigilancia responsable. Fiscalizar protege el voto; acusar sin demostrarlo lo debilita. Las elecciones se defienden con actas, evidencias y procedimientos, no convirtiendo una sospecha política en sentencia anticipada. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).