La espera desespera. Sobre todo cuando el ciudadano ya cumplió y las entidades electorales deben explicar cuándo concluirá el proceso. Para votar hay horarios, obligaciones y multas. Para conocer a las autoridades oficialmente proclamadas, también debe haber plazos y respuestas. ONPE, JEE y JNE administran la voluntad popular. Cada demora evitable exige explicaciones; cada incumplimiento acreditado, responsabilidades.
Conviene precisar las competencias: la ONPE computa los votos; los órganos de justicia electoral resuelven controversias y proclaman resultados. Las actas observadas y las impugnaciones requieren garantÃas. Pero describir el procedimiento no demuestra eficiencia. El debido proceso no puede convertirse en una respuesta automática para desactivar preguntas sobre la gestión.
¿Qué falta en cada circunscripción? ¿Cuántos expedientes siguen pendientes? ¿Quién debe resolverlos y cuándo? El ciudadano merece respuestas directas. Si necesita recorrer plataformas y descifrar documentos para encontrarlas, la transparencia termina convertida en una carrera de obstáculos financiada con sus propios impuestos. Publicar información no basta: hay que hacerla comprensible.
La modernización también debe rendir examen. La ONPE dispone de herramientas informáticas para registrar resultados y reducir errores en las actas. Corresponde demostrar cuánto mejoraron los tiempos y dónde persisten las fallas. Digitalizar la espera permite contemplarla en una pantalla; resolverla exige gestión. La tecnologÃa no puede terminar como un costoso marco para exhibir los mismos problemas.
Toda inversión merece preguntas incómodas: ¿qué problema resolvió?, ¿qué mejora produjo?, ¿cómo se verificó? Los recursos públicos se justifican con resultados. Una institución no se vuelve eficiente porque su presentación tenga animaciones. El contribuyente paga para mejorar el servicio, no para asistir a una ceremonia de modernización.
El conteo manual no demuestra atraso por sà mismo. Tampoco una demora prueba fraude. Precisamente por eso, las entidades deben explicar los obstáculos con evidencia. La incertidumbre deja espacio a rumores; pedir tranquilidad sin aclarar las dudas resulta insuficiente.
ONPE, JEE y JNE deben ofrecer balances claros, identificar retrasos evitables y corregirlos. La autonomÃa institucional no elimina la rendición de cuentas. Cuando se acrediten incumplimientos, corresponde determinar responsabilidades. Ningún comunicado deberÃa servir de refugio para una pregunta que sigue esperando respuesta: ¿para cuándo?
Reflexión final
La espera desespera porque detrás de cada voto hay una decisión que merece respeto. Pedir paciencia resulta cómodo cuando quien espera es otro. Las entidades electorales deben recordar que la confianza no es un presupuesto prorrogable. Cada etapa necesita una explicación; cada retraso injustificado, un responsable. El ciudadano ya cumplió. Ahora les toca demostrar que están a la altura. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).