En Huanta, los pobladores salieron a enfrentar el fuego. A las autoridades les corresponde enfrentar las preguntas. La emergencia de Razuhuillca y las alertas en Uchuraccay exigen mucho más que felicitaciones a los pobladores organizados de Huanta, comuneros y reconocimiento a los bomberos. Exigen saber qué se previno, qué recursos estuvieron disponibles y por qué la iniciativa ciudadana tuvo que ocupar un lugar tan decisivo. La solidaridad merece respeto; convertirla en sustituto de las obligaciones públicas sería una injusticia adicional.
Hay una comodidad política que debemos rechazar: llamar héroes a quienes se exponen y dar por terminado el examen de la gestión. Ninguna familia debería depender de una hazaña vecinal para proteger su vivienda, sus animales o el agua que necesita. La protección pública debe funcionar antes de que el sacrificio se vuelva indispensable.
El balance preliminar regional proporcionado para esta columna señala más de 320 hectáreas de cobertura natural calcinadas y más de 135 cabezas de ganado muertas o gravemente afectadas. Asimismo, se reporta la destrucción de alrededor de siete viviendas rústicas en comunidades altoandinas de la zona afectada. Estas cifras requieren consolidación oficial y delimitación por localidad: no corresponde atribuir todo el balance regional exclusivamente a Razuhuillca ni presentar como muertos a todos los animales afectados.
La precisión no disminuye la gravedad. Detrás de cada vivienda destruida hay una familia que necesita protección; detrás de cada animal perdido, una economía doméstica golpeada. Las hectáreas quemadas representan vegetación, hábitats y recursos que no se recuperan con una visita oficial. Para quienes viven del campo, el incendio puede continuar económicamente mucho después de extinguidas las llamas.
Según los testimonios locales aportados, la sociedad civil organizada de Huanta, comuneros impulsaron la alerta y las primeras acciones; posteriormente se incorporaron efectivos del Ejército, policías y serenos. Esa secuencia debe esclarecerse mediante los registros de emergencia. La pregunta no es únicamente quién estuvo presente, sino cuándo llegó, qué llevó y qué pudo hacer. Figurar en una relación de instituciones participantes no demuestra, por sí solo, una intervención oportuna.
El gobierno nacional, el gobierno regional y las municipalidades deben publicar una cronología verificable. ¿Cuándo conocieron la emergencia? ¿Qué solicitaron? ¿Qué autorizaron? ¿Cuánto demoraron los refuerzos? Decir “estuvimos coordinando” describe una actividad; todavía falta demostrar si produjo ayuda a tiempo. La población necesita resultados, no una memoria de llamadas entre despachos. Hay mucha responsabilidad compartida.
Las compañías de bomberos La Esmeralda de Huanta N.º 220, Ayacucho N.º 63 y San Juan N.º 222 participaron en el combate del incendio. Reconocer su trabajo implica preguntar por los medios con los que contaron. Su entrega no puede convertirse en una excusa para normalizar carencias. El agradecimiento sin respaldo material resulta demasiado cómodo para quien lo pronuncia y demasiado costoso para quien enfrenta el peligro.
A los comuneros tampoco se les puede pagar con adjetivos. Llamarlos valientes no reconstruye una vivienda, no repone ganado ni restaura pastizales. Necesitan evaluación de daños, asistencia y medidas de recuperación. La gratitud institucional pierde credibilidad cuando la familia afectada debe seguir resolviendo sola lo que el discurso oficial asegura acompañar.
Los reportes preliminares aportados señalan que se contuvieron parcialmente sectores críticos de Razuhuillca, mientras nuevas alertas en Pampalca, Carhuahurán y Choccehuiscca, en Uchuraccay, mantienen la preocupación por viviendas, plantaciones y ganado. Esa situación necesita actualización oficial permanente. Controlar un sector no autoriza a declarar superada toda la emergencia ni a retirar la atención de las comunidades que todavía solicitan apoyo.
La afectación de los ecosistemas vinculados a las lagunas de Razuhuillca exige, además, evaluar las fuentes que abastecen de agua a Huanta. Debe determinarse si existen daños que comprometan su calidad o disponibilidad. Esperar a que el problema llegue a los hogares sería repetir el error de actuar cuando las consecuencias ya están instaladas.
El riesgo tenía un instrumento de planificación: el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025–2027, aprobado en enero de 2025 y actualizado para 2026. Corresponde examinar qué intervenciones llegaron al territorio y qué capacidades dejaron. Una firma acredita aprobación; los equipos, la preparación y la respuesta oportuna acreditan ejecución.
Huanta necesita auxilio sostenido, protección de sus fuentes de agua y atención a las familias. Las pérdidas preliminares deben traducirse en necesidades identificadas y compromisos verificables de recuperación. El balance no puede terminar en una cifra de hectáreas quemadas mientras los afectados siguen esperando.
También corresponde investigar el origen del fuego y evaluar posibles demoras u omisiones institucionales. Determinar quién pudo iniciar un incendio no cancela la obligación de esclarecer cómo respondieron el Estado, el Gobierno Regional y las Municipalidades. Ambas responsabilidades merecen investigación y consecuencias cuando se acrediten.
Reflexión
El pueblo puso el cuerpo; las pérdidas quedaron en su territorio. Las autoridades deben demostrar qué pusieron desde sus cargos y presupuestos. Huanta no necesita que el poder aprenda a describir la tragedia. Necesita que cumpla su obligación de proteger, asistir y rendir cuentas. Las cenizas no pueden convertirse en el punto final de la responsabilidad pública. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).