Wilfredo Oscorima le debe explicaciones a Ayacucho. Las denuncias sobre 180 obras inconclusas exigen una rendición de cuentas que ninguna ceremonia de despedida puede reemplazar. Su gestión debe responder por lo anunciado, lo ejecutado y lo que sigue pendiente. Para las familias más humildes, un hospital sin culminar o una carretera paralizada significan necesidades desatendidas y gastos difíciles de afrontar. El gobernador dejará el despacho; ellas seguirán soportando las consecuencias.
Oscorima no puede reclamar reconocimiento por las primeras piedras y desentenderse de las últimas. Si encabezó los anuncios, debe encabezar las explicaciones. Si hubo decisiones irregulares, corresponde investigarlas y denunciarlas. Y si se acreditan responsabilidades, deben aplicarse las sanciones previstas por la ley. Ayacucho merece una transferencia que esclarezca lo ocurrido, no un trámite que lo archive.
Según Perú21, el consejero regional Cristian Palomino advierte sobre 180 obras inconclusas, 19 proyectos paralizados y necesidades de financiamiento superiores a S/5.000 millones para culminar proyectos pendientes. La información recoge una proyección de S/300 millones para obras e inversiones en 2027. La magnitud del contraste obliga al Gobierno Regional a presentar documentación que permita confirmar, precisar o controvertir ese balance.
No corresponde sumar categorías posiblemente superpuestas ni llamar deuda formal a todos los recursos faltantes. Pero tampoco corresponde utilizar esas precisiones para esquivar el problema. Oscorima debe explicar cómo se financiaron los compromisos, qué dificultades surgieron y por qué permanecen pendientes proyectos como el hospital de Huanta, San Francisco, la carretera Luricocha–Pacchancca, el estadio, el sistema de riego Ccecca, entre otros.
Gobernar exige prever cómo terminar lo que se comienza. Una administración que anuncia inversiones debe asegurar expedientes adecuados, programación financiera y supervisión efectiva. Cuando aparecen obstáculos, tiene la obligación de intervenir. Presentar las dificultades como si fueran fenómenos ajenos a toda decisión pública es una manera de vaciar de contenido la responsabilidad del cargo.
La escasez presupuestal puede explicar restricciones; no explica automáticamente la selección de prioridades, la oportunidad de los anuncios ni la calidad del control. Esas decisiones tienen responsables. Oscorima debe precisar cuáles adoptó, qué recomendaciones recibió y cómo actuó frente a las alertas. El ciudadano no tiene por qué aceptar un vocabulario administrativo que describe problemas sin identificar soluciones.
La primera piedra concede una recompensa política inmediata. La culminación exige trabajo sostenido y admite menos espectáculo. Precisamente por eso debe medirse a la autoridad por el servicio entregado. Una fotografía no demuestra eficacia. Una sucesión de anuncios tampoco constituye una política de infraestructura.
El perjuicio, además, tiene una dimensión social evidente. Quien dispone de dinero puede buscar alternativas. Una familia de ingresos reducidos debe sacrificar alimentación, trabajo o ahorros para pagar un traslado. Cuando una obra esencial se retrasa, la espera puede profundizar desigualdades que el presupuesto público debía contribuir a reducir.
Huanta no tiene hospital hace siete años.
El Hospital Daniel Alcides Carrión de Huanta merece una explicación específica. La Caja Negra denunció en 2025 una espera de siete años por la nueva infraestructura. En julio de 2026, Jornada reportó un avance del 50 %, citando información del MEF. Ese porcentaje corresponde a una fecha concreta y no certifica plena operatividad.
Oscorima debe responder qué falta para garantizar los servicios comprometidos y cuándo estarán disponibles. Construcción, equipamiento, personal y presupuesto operativo integran una misma obligación. La población necesita atención efectiva. Los avances deben traducirse en capacidad para diagnosticar, tratar y atender oportunamente, con responsables identificados para cada etapa.
También debe investigarse el daño sanitario asociado a las limitaciones de atención. Corresponde examinar referencias, traslados, demoras y eventuales fallecimientos evitables. La respuesta responsable es exigir registros, peritajes y determinación de causas. Cada daño acreditado merece esclarecimiento.
Oscorima ya ha enfrentado investigaciones. En enero de 2025 se informó de la formalización de una investigación preparatoria en su contra por presuntos delitos de contrabando y receptación aduanera agravada relacionados con relojes Rolex. Las obras deben investigarse por sus propios hechos y documentos.
La exigencia de justicia debe ser concreta: identificar decisiones, verificar pagos y establecer responsabilidades. Si existen indicios de delitos, corresponde denunciarlos. Si se acredita perjuicio, deben promoverse las acciones de reparación pertinentes. La posición política de un gobernador no puede otorgarle protección frente al escrutinio.
La Caja Negra exige que la nueva administración promueva una auditoría forense independiente, en coordinación con los órganos competentes. Debe reconstruir contratos, valorizaciones, adicionales, ampliaciones y pagos, contrastándolos con la ejecución real. La revisión debe identificar quién autorizó, quién supervisó y quién debía corregir los incumplimientos.
Los hallazgos deben remitirse oportunamente a las instancias de control, la procuraduría y el Ministerio Público, según corresponda. La auditoría debe producir actuaciones sustentadas, no convertirse en otro anuncio. Al mismo tiempo, deberán priorizarse las soluciones para los servicios esenciales. Investigar responsabilidades y culminar obras son tareas compatibles.
Reflexión final
Oscorima debe responder ante Ayacucho y ante las autoridades que correspondan. La nueva gestión debe preservar documentos, fiscalizar sin concesiones y presentar denuncias sustentadas cuando existan indicios.
Que se aplique todo el peso de la ley donde se acrediten responsabilidades. La exigencia necesita pruebas y seguimiento. Los ciudadanos más humildes no pueden seguir financiando la espera con sus ingresos y oportunidades. El gobernador termina su mandato; su obligación de explicar lo que deja pendiente permanece. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).