La pelea de rojos y naranjas es una vergüenza para el país. El enfrentamiento entre el senador Iber Maraví y el ministro del Interior, César Astudillo, trasladó una discusión sobre reforma policial y facultades legislativas al terreno de los gritos y los reclamos personales. La sesión de la Comisión de Constitución del Senado terminó suspendida. El Perú esperaba respuestas sobre seguridad; recibió una demostración de cómo perder el control del debate.
Aquí no corresponde repartir aplausos según simpatías políticas. Maraví y Astudillo tenían obligaciones distintas, pero una responsabilidad común: respetar el espacio institucional. Uno debía fiscalizar con argumentos; el otro, explicar sus propuestas y responder cuestionamientos. Ambos contribuyeron a una escena que desplazó lo importante. Para confrontarse, encontraron energía. Para sostener la deliberación, faltó templanza.
Un ministro del Interior debe soportar preguntas incómodas. Comparecer ante el Senado supone rendir cuentas, escuchar objeciones y justificar decisiones. La autoridad no se demuestra imponiendo la voz. Si una crítica sobre reforma policial provoca una escalada personal, resulta legítimo cuestionar la capacidad del funcionario para conducir conversaciones complejas.
Maraví tampoco queda exonerado porque su intervención surgiera de un reclamo por el trato a una colega. Defender el respeto exige preservar las condiciones para discutir. La fiscalización pierde fuerza cuando el enfrentamiento ocupa el lugar de las preguntas. El mandato parlamentario no incluye convertir una comisión en escenario de protagonismo personal.
Los colores partidarios ofrecen una coartada cómoda: cada sector señala al adversario y absuelve a los suyos. Así, la conducta se juzga por la camiseta. Lo que sería repudiable en el contrario se vuelve “firmeza” cuando lo hace un aliado. Una extraordinaria flexibilidad moral para quienes dicen representar principios.
El posterior apretón de manos puede favorecer el diálogo, pero no sustituye el trabajo interrumpido. La ciudadanía merece algo más que el cierre cordial de una disputa que nunca debió desplazar la agenda pública.
Ambos deben corregir su conducta y retomar una discusión seria: propuestas precisas, controles claros y resultados exigibles. La presidencia de la comisión debe hacer respetar las reglas. Suspender una sesión puede contener el altercado; evitar su repetición requiere responsabilidad.
El país enfrenta necesidades urgentes. Sus autoridades no pueden comportarse como si la principal emergencia fuera responder al último agravio.
Reflexión final
La vergüenza no tiene color exclusivo. Alcanza a quienes reemplazan argumentos por confrontación y a quienes los justifican por afinidad. Mientras rojos y naranjas disputan quién dio la estocada final, el Perú sigue esperando quién ofrecerá la primera solución. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).