Primero anunciaron el 29 de noviembre. Ahora será el 6 de diciembre. El JNE cambió la fecha de la segunda vuelta regional después de que la ONPE advirtiera que no podía organizarla antes. El calendario se corrige; la pregunta permanece: ¿por qué se anunció una fecha que el organismo ejecutor no podía garantizar? La ciudadanía merece planificación, no enterarse después de que los tiempos institucionales no encajaban.
La explicación incluye contrataciones, impresión de cédulas y preparación del material electoral. Son labores previsibles, propias de cualquier elección. ¿Cuándo se calcularon esos plazos? ¿Qué coordinación precedió al anuncio inicial? Los organismos especializados existen para anticipar necesidades. Enumerarlas después para justificar una rectificación deja una incómoda impresión: el calendario salió antes que las cuentas.
La segunda vuelta corresponde a las regiones donde ninguna fórmula alcance el 30 % de los votos válidos. Esa posibilidad forma parte del sistema electoral; no apareció como una sorpresa de octubre. Por ello, exigir previsión resulta elemental. Las entidades deben explicar qué impedía sostener el 29 de noviembre y por qué esa dificultad no quedó resuelta antes de anunciarlo.
Advertir limitaciones operativas es responsable. Forzar una jornada sin garantías sería peor. Pero trasladar la elección una semana no cancela el examen de la decisión inicial. ¿Hubo una estimación equivocada, coordinación insuficiente o circunstancias nuevas? La respuesta debe estar respaldada por documentos. La palabra «logística» explica un ámbito de trabajo; por sí sola, no absuelve una gestión.
La modernización merece igual exigencia. Cada recurso invertido debe demostrar mejoras en tiempos, precisión y capacidad operativa. Si se compran herramientas mientras persisten problemas de coordinación, la tecnología termina ofreciendo una imagen moderna de una administración que todavía necesita corregirse. El contribuyente financia soluciones, no presentaciones sobre soluciones.
El 6 de diciembre debe ser un compromiso sustentado en un plan verificable. JNE y ONPE deben publicar avances, riesgos y responsables. Concluido el proceso, corresponde una auditoría independiente y una reingeniería de planificación, contrataciones, logística y comunicación. Los incumplimientos acreditados deben generar responsabilidades; la autonomía no sustituye la rendición de cuentas.
Reflexión final
Cambiar una fecha puede ser necesario. Explicar por qué falló la anterior también lo es. La confianza ciudadana no se recupera moviendo una casilla del calendario. Se recupera demostrando capacidad y reconociendo errores cuando existan. La segunda vuelta será el 6 de diciembre; las explicaciones sobre su reprogramación no deberían quedar para después. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).