Casi tres millones de soles para remodelar los comedores del Congreso. Esa fue la prioridad aprobada para espacios que, según el reportaje de Cuarto Poder, estaban operativos hasta mayo. Lo planteado como mantenimiento terminó en una renovación integral. El Parlamento encontró recursos para transformar sus ambientes de alimentación. Ahora debe encontrar argumentos para explicar por qué esa transformación merecía semejante desembolso.
El gasto comprendió dos comedores: el de diputados y senadores y el del personal. Para el ambiente parlamentario se solicitaron sillas tapizadas en cuero, espejos ornamentales y mobiliario de estilo Luis XV. También se incorporaron acabados de piedra sinterizada en la intervención. La modernización, al parecer, necesitaba patas talladas. Falta explicar cómo esas preferencias mejoran el funcionamiento del Poder Legislativo.
La Mesa Directiva presidida por Fernando Rospigliosi aprobó el proyecto en abril de 2026. Corresponde conocer qué evaluación sustentó su costo, qué alternativas se compararon y quién determinó que esos acabados eran necesarios. Una autorización administrativa acredita que alguien decidió gastar; no demuestra, por sí misma, que decidió bien.
Arturo Alegría reconoció que el comedor no estaba inoperativo y relacionó las obras con la reestructuración del Congreso. La explicación resulta insuficiente. Reestructurar una institución no vuelve indispensable remodelar cada ambiente ni convierte toda elección decorativa en necesidad pública. Si “modernización” sirve para justificarlo todo, termina explicando muy poco.
Los trabajadores y parlamentarios merecen instalaciones seguras, higiénicas y funcionales. Ese derecho no exime de demostrar austeridad y proporcionalidad. Adecuar una cocina, mejorar la ventilación o instalar un piso antideslizante puede responder a necesidades concretas. La ornamentación exige otra explicación. El contribuyente no tiene por qué aceptar ambas cosas como un paquete inevitable.
Además, debe esclarecerse cómo un servicio presentado como mantenimiento integral terminó transformando los salones. Contratos, especificaciones, modificaciones y conformidades deben publicarse. Un gasto elevado no prueba automáticamente una irregularidad; esconderlo detrás de generalidades tampoco despeja las dudas.
Los órganos de control deben revisar el alcance, los precios y la ejecución de los trabajos. Quienes aprobaron el proyecto deben responder públicamente. La fiscalización debe determinar si cada desembolso fue necesario, razonable y conforme a lo contratado.
El Congreso administra recursos de la ciudadanía. Su comodidad no puede convertirse en una prioridad que se explica únicamente porque tenía presupuesto disponible.
Reflexión final
Cuando casi tres millones de soles terminan en comedores, la pregunta no es si quedaron bonitos. Es si quienes pagaron la remodelación recibieron una decisión responsable. La rendición de cuentas también debe sentarse a esa mesa. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).