Ayacucho necesita apagar el fuego y recibir respuestas claras. Cinco incendios forestales permanecen activos, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Las comunidades participan en las labores de control junto con las autoridades locales. Ese esfuerzo merece respaldo efectivo: la solidaridad de los pobladores no puede convertirse en el recurso con el que las instituciones completen lo que les falta.
El reporte ubica los incendios en Vista Alegre, provincia de Huanta; Soras, en Sucre; Colcabamba, en Paucar del Sara Sara; y dos puntos de Vilcashuamán. Detrás de cada ubicación hay familias, medios de subsistencia y territorios expuestos. Enumerar emergencias es necesario; explicar cómo se enfrentan también.
Según el COER, desde el 23 de junio hasta la fecha del informe se registraron cerca de 115 incendios. Solo en el mes reportado se contabilizaron 43, con aproximadamente tres mil hectáreas de cobertura natural afectadas, 150 hectáreas de cultivos dañadas, 15 animales muertos y ocho viviendas perjudicadas. Son pérdidas concretas. Para una familia agricultora, un campo quemado puede comprometer alimentación, ingresos y meses de trabajo.
La recurrencia exige preguntas incómodas: ¿qué acciones preventivas se ejecutaron?, ¿con qué equipos cuentan quienes combaten las llamas?, ¿cómo se prioriza la protección de viviendas y cultivos? Las cifras no prueban por sà solas una negligencia especÃfica, pero obligan a evaluar la capacidad de prevención y respuesta. Publicar un balance no equivale a rendir cuentas.
También hay seis incendios controlados donde voluntarios y pobladores continúan trabajando para extinguirlos y evitar reactivaciones. La diferencia importa: controlado no significa extinguido. SerÃa irresponsable convertir un avance operativo en una declaración prematura de victoria. El fuego no reconoce comunicados de satisfacción.
La participación comunitaria requiere coordinación, protección y apoyo especializado. Nadie deberÃa tener que elegir entre arriesgar su integridad o contemplar cómo se pierde su sustento. Celebrar el valor de los vecinos sin asegurarles respaldo serÃa una manera cómoda de convertir la necesidad en heroÃsmo.
Las autoridades regionales y locales deben informar qué recursos están desplegados, qué necesidades siguen pendientes y cómo atenderán a las familias perjudicadas. Asimismo, corresponde investigar las causas de los incendios y determinar responsabilidades cuando existan evidencias. La emergencia exige intervención sostenida, seguimiento y recuperación de las zonas afectadas.
Reflexión final
Ayacucho no necesita acostumbrarse a contar hectáreas quemadas. Necesita reducir las pérdidas y proteger a quienes viven del territorio. La presencia del Estado se demuestra antes, durante y después del incendio. Llegar únicamente para registrar los daños deja una pregunta inevitable: ¿quién estuvo cuando todavÃa podÃan evitarse? (Foto ilustración: lacajanegra.blog).