La advertencia sobre un «Mega Niño» exige que el Gobierno explique qué protección concreta tiene preparada para la población. Gobernadores y alcaldes también deben responder. Si existen localidades expuestas a inundaciones y huaicos, anunciar reuniones no demuestra preparación. Las familias necesitan saber dónde refugiarse, cómo recibirán ayuda y qué servicios seguirán funcionando. El Estado debe llegar antes que el agua; aparecer después para distribuir donaciones no acredita que haya cumplido con prevenir.
Osvaldo Moreno, especialista en gestión del riesgo de desastres, afirmó que el Perú enfrentaría el mayor El Niño de la historia del planeta. Según Infobae, pidió evacuaciones preventivas y cuestionó la capacidad logística para atender emergencias simultáneas. Esa afirmación extrema corresponde a su evaluación y no debe presentarse como un pronóstico científico confirmado.
La NOAA, en su boletín del 8 de octubre, proyecta una alta probabilidad de un episodio fuerte a muy fuerte hasta enero-marzo de 2027 y contempla posibilidades de superar registros desde 1950. Ese respaldo científico justifica tomar el riesgo seriamente, pero no acredita el superlativo sobre toda la historia planetaria ni determina por sí solo los impactos locales.
La diferencia entre una advertencia y una certeza importa. También importa impedir que la incertidumbre se convierta en excusa para postergar decisiones. Las autoridades deben trabajar con escenarios y demostrar qué medidas corresponden a cada territorio. Esperar una confirmación absoluta para preparar una respuesta sería confundir prudencia científica con pasividad administrativa.
La prevención se comprueba en intervenciones ejecutadas, maquinaria disponible, comunicaciones operativas y refugios adecuados. Los anuncios presupuestales deben traducirse en capacidad real. Una cifra pronunciada en conferencia no refuerza una defensa ribereña ni garantiza agua segura cuando se interrumpe el abastecimiento.
Tampoco basta ordenar evacuaciones desde un despacho. Trasladar población exige evaluar riesgos, disponer transporte y asegurar alojamiento, alimentación y atención sanitaria. Las personas mayores, quienes tienen discapacidad y las familias con niños requieren apoyos específicos. Pedir que se retiren sin resolver esas condiciones desplaza hacia los ciudadanos una responsabilidad pública.
Moreno sostiene que ya no queda tiempo para prevenir o preparar. Esa conclusión no debe transformarse en permiso para abandonar lo que todavía puede hacerse. Corresponde identificar medidas viables y ejecutarlas con urgencia. La resignación también puede convertirse en una forma de incumplimiento.
La Caja Negra exige un balance público de preparación por regiones: puntos críticos, intervenciones pendientes, recursos disponibles y responsables. El Ejecutivo debe coordinar acciones, los gobiernos subnacionales cumplir sus competencias y los órganos de control fiscalizar oportunamente.
La información debe ser clara y sustentada. Ni alimentar pánico ni tranquilizar sin pruebas protege a la población. Si se acreditan omisiones o irregularidades, corresponde determinar responsabilidades.
Reflexión final
No hace falta demostrar que será el mayor El Niño de la historia para exigir un Estado preparado. Basta reconocer que hay vidas, viviendas y servicios que deben protegerse. Las autoridades deben explicar hoy qué funciona. Después de una tragedia, la expresión «hicimos todo lo posible» solo tendrá valor si pueden demostrarlo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).