Cajamarca podría convertirse en un “nuevo Pataz”. La advertencia del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, exige una respuesta que vaya más allá del micrófono. Cuando el Estado reconoce que la minería ilegal amenaza con consolidar su dominio territorial, describir el peligro resulta insuficiente. La población necesita protección, no una narración anticipada de aquello que las autoridades tienen la obligación de impedir.
Gálvez advirtió que Hualgayoc corre ese riesgo debido al avance de la minería ilegal. También señaló su presencia en Algamarca, provincia de Cajabamba, y Sorochuco, provincia de Celendín. Según explicó, las organizaciones vinculadas con esta actividad manejan grandes recursos económicos que fortalecen su poder territorial. La alerta identifica lugares y una amenaza concreta; la respuesta debe tener la misma precisión.
El fiscal informó de la inauguración de una sede de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Hualgayoc. Es un paso necesario. Sin embargo, cortar una cinta no equivale a cortar el financiamiento criminal. Una oficina requiere fiscales suficientes, peritos, investigadores, seguridad y presupuesto sostenido. Su eficacia deberá medirse por investigaciones sólidas y resultados verificables, no por el entusiasmo del discurso inaugural.
La advertencia también interpela al Ejecutivo, al Congreso y a las autoridades regionales. ¿Qué recursos destinarán? ¿Quién conducirá la respuesta? ¿Cómo protegerán a quienes denuncien? “Estamos coordinando” no puede convertirse en una respuesta sin fecha de cumplimiento. Las comunidades tienen derecho a conocer responsables, plazos y avances.
Enfrentar esta actividad exige investigar quién financia la extracción ilegal, quién compra el mineral y cómo circulan las ganancias. Limitarse a intervenir el punto de extracción puede dejar intactos los intereses que sostienen el negocio. La firmeza debe alcanzar toda la cadena, con pruebas y respeto al debido proceso.
Tampoco corresponde convertir a Cajamarca en una etiqueta criminal ni confundir automáticamente minería artesanal con ilegalidad. Proteger a la población exige distinguir responsabilidades. La arbitrariedad no corrige la debilidad institucional: añade otra injusticia.
El diagnóstico del fiscal obliga a actuar antes de que la amenaza se agrave. Cajamarca necesita presencia estatal permanente, protección comunitaria e investigaciones capaces de alcanzar a los responsables. Anunciar medidas sin asegurar su ejecución convertiría una advertencia grave en otro ejercicio de comunicación política.
Reflexión
Después de esta alerta, ninguna autoridad podrá decir que desconocía el riesgo. El Estado no está para acertar el pronóstico de la próxima tragedia, sino para impedirla. Si Cajamarca puede convertirse en otro Pataz, la pregunta urgente es qué harán hoy quienes tienen el poder y la obligación de evitarlo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).