Las reglas electorales no deberían descubrirse después de contar los votos. Avanza País pidió una segunda vuelta para Lima si ninguna lista alcanza el 30 %, pero los especialistas consultados por La República coinciden: la legislación municipal no contempla ese mecanismo. El planteamiento respaldado por Francis Allison enfrenta una objeción elemental: el JNE puede interpretar la ley; no fabricar una elección adicional para satisfacer expectativas partidarias.
El argumento sostiene que el alcalde metropolitano ejerce competencias regionales y, por tanto, debería elegirse bajo la regla de los gobernadores. José Manuel Villalobos rechaza esa equivalencia: Lima sigue siendo una municipalidad. Tener atribuciones especiales no convierte automáticamente su sistema electoral en otro. La interpretación jurídica necesita límites; de lo contrario, cualquier semejanza institucional serviría para solicitar un calendario a medida.
La oportunidad del pedido merece una crítica política severa. Los participantes compitieron bajo determinadas condiciones. Pretender incorporar después una segunda votación proyecta una imagen preocupante: las reglas parecen suficientes hasta que el resultado obliga a buscarles otra lectura. La democracia exige consistencia, especialmente cuando sus procedimientos dejan a una candidatura lejos de la victoria.
Fernando Tuesta añade una dificultad que desarma la aparente sencillez de la propuesta: la elección municipal involucra listas y la composición del concejo, no únicamente dos nombres disputando una oficina. Introducir un balotaje exigiría definir cómo se articula con esa representación. La gobernabilidad no puede resolverse agregando una segunda jornada como quien añade una fecha al calendario.
Nada de esto exonera al JNE de responder con claridad. Las controversias sobre candidaturas, reemplazos o restricciones deben resolverse por sus fundamentos propios. Una duda jurídica no autoriza a inventar una solución electoral distinta. Tampoco debería convertirse en combustible para prolongar indefinidamente la incertidumbre ciudadana. El organismo debe explicar sus decisiones de forma comprensible y oportuna.
Si se considera conveniente una segunda vuelta para Lima, corresponde impulsar una reforma legal para futuros comicios. Debatirla con anticipación permitiría evaluar representación, costos y gobernabilidad. Pretender incorporarla después de votar confunde una propuesta institucional con una salida inmediata para una disputa concreta.
Reflexión final
Solicitar una revisión es un derecho; obtener una regla nueva no lo es. Allison y Avanza País deben sustentar sus pedidos sin presentar como disponible un mecanismo cuestionado por falta de respaldo legal. El JNE, entretanto, debe resolver y explicar. Lima necesita certeza institucional, no una elección cuyo reglamento parezca seguir en negociación después del cierre de las urnas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).