Casi 14 millones de personas expuestas a riesgos por posibles lluvias intensas: esa advertencia debería incomodar más al Estado que cualquier encuesta. Detrás de la cifra hay familias que podrían perder viviendas, cultivos y medios de subsistencia. La obligación de las autoridades es reducir esa vulnerabilidad. Anunciar cuántos ciudadanos están en peligro sirve para orientar decisiones; convertir el anuncio en un sustituto de la acción sería una irresponsabilidad.
El jefe de Cenepred, Miguel Yamasaki, informó a RPP sobre esta estimación ante posibles lluvias asociadas a El Niño. Precisó que estar expuesto no significa que necesariamente se sufran daños. Esa distinción importa: no estamos ante millones de damnificados inevitables, sino ante millones de personas cuya protección exige actuar a tiempo.
La amenaza revela una desigualdad concreta. Una vivienda frágil ofrece menos protección y una familia sin ahorros tiene menos recursos para recuperarse. Por eso, pedir a todos que “estén preparados” resulta insuficiente si no se acompaña de infraestructura, información accesible y asistencia. La prevención no puede depender del tamaño de la billetera.
Según Yamasaki, la ANA identificó más de 1.900 puntos críticos y se priorizaron 536 por limitaciones de tiempo y capacidad. Priorizar es necesario cuando los recursos son limitados. Pero las autoridades deben explicar qué ocurrirá con las poblaciones de los puntos restantes. Quedar fuera de una intervención no elimina el peligro; exige otras medidas de protección.
Se han anunciado trabajos de limpieza y descolmatación con participación de distintas entidades públicas. Corresponde reconocerlos y fiscalizarlos. La maquinaria en movimiento no certifica, por sí sola, que una comunidad esté protegida. Importan la calidad técnica, los plazos y la supervisión. Una fotografía junto al río no funciona como defensa ribereña.
El Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades deben informar qué zonas atienden, cuánto avanzaron y qué medidas tienen previstas para las familias más vulnerables. La población necesita conocer rutas de evacuación, alertas y espacios seguros. Un comunicado general difícilmente responde a la pregunta de quién vive junto a una quebrada: “¿Qué protección tendrá mi familia?”.
La magnitud de la exposición exige una respuesta pública verificable. No basta contabilizar personas vulnerables: hay que reducir las condiciones que las ponen en peligro. Cada intervención debe tener responsables, presupuesto, supervisión y resultados que la ciudadanía pueda comprobar.
Reflexión final
Casi 14 millones de personas expuestas representan una obligación urgente, no una cifra para repetir hasta que pierda significado. El Estado debe demostrar su capacidad antes de las lluvias. Después, las explicaciones no devolverán lo que pudo protegerse. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).