Pagar S/15.000 mensuales para obtener trabajo como entrenador: esa es la exigencia que denunció Ronald Amoretti, según el testimonio reseñado de su intervención en Super Deporte, conducido por Raúl Maraví Ayala. La primera cuota debía entregarse por adelantado. El técnico rechazó la propuesta por dignidad, reservó el nombre del club por seguridad y represalias. La denuncia prende las alarmas en todo el sistema fútbol.
Amoretti defendió, con su negativa, su integridad personal y profesional. Un entrenador debe ser contratado por conocimientos, experiencia, capacidad y proyecto deportivo. Si conseguir el puesto exige entregar dinero, el proyecto deportivo queda reducido a una fachada: primero cobra quien controla la contratación; después responde por los resultados quien ocupa el banquillo.
La reserva del nombre por seguridad exige ofrecerle un canal confidencial para aportar información. No corresponde exigirle exposición pública mientras las instituciones observan desde la comodidad de sus cargos. Proteger al denunciante y contrastar su relato son obligaciones compatibles.
Los señalamientos públicos sobre cobros a jugadores y presunta manipulación de partidos vinculada con apuestas también requieren investigaciones propias. Acumular denuncias sin esclarecerlas convierte la indignación en rutina. El problema permanece y quienes trabajan honestamente soportan una sospecha que perjudica a toda la actividad.
Estos hechos, si se acreditan, agravan la crisis de credibilidad, reputación y gobernanza del fútbol peruano. No son un asunto secundario frente al marcador. Una industria necesita reglas confiables, contrataciones transparentes y autoridades que respondan. Donde las decisiones pueden depender de pagos ocultos, la competencia pierde legitimidad y la gestión queda bajo sospecha.
El daño también es económico. Los patrocinadores arriesgan su reputación al asociarse con un club; los hinchas entregan dinero y confianza. Pretender que ambos sigan sosteniendo el negocio mientras se eluden explicaciones sería abusar de esa relación. Ninguna campaña comercial puede compensar indefinidamente la falta de integridad institucional.
La FPF, los clubes y los órganos competentes deben esclarecer quién negocia empleos, bajo qué autorización y con qué controles. Si existen responsabilidades dirigenciales, las sanciones deben alcanzarlas.
El fútbol no necesita otro comunicado de preocupación: necesita impedir que sus empleos se comercialicen indebidamente.
Reflexión final
Amoretti rechazó pagar por dignidad. Las instituciones deben demostrar que rechazan tolerarlo. Una industria ya golpeada no puede seguir perdiendo confianza por prácticas que degradan el trabajo. Si denunciar cuesta oportunidades y exigir dinero no cuesta el cargo, el sistema estará castigando precisamente la honestidad que dice defender. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).