Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
El Perú ya no es un Estado: es un rehén. No lo gobierna un Ejecutivo, sino una colección de excusas. No lo representa un Congreso, sino una cofradía de impunidad. Mientras los ciudadanos rezan por no caer en manos del sicariato, del cobro de cupos o de un balazo por error, en el corazón de Palacio de Gobierno la presidenta Dina Boluarte no parece tener otra prioridad que dejar pasar el tiempo con el mismo entusiasmo con el que deja pasar la sangre en las calles. Porque aquí no hay política de seguridad, hay abandono. Aquí no hay estrategia, hay un desgobierno decorado con frases sin contenido. Y mientras la nación se derrumba bajo el peso del crimen, las autoridades practican el arte zen de la indiferencia.
La delincuencia se ha institucionalizado. Ya no se trata de una amenaza, sino de un sistema paralelo que opera a plena luz del día. En 2024, el INEI reportó más de 3,600 homicidios, un salto mortal del 30 % respecto al año anterior. Pero en el Gobierno, en vez de estrategia, hay frases de autoayuda. En lugar de liderazgo, hay silencio. La inacción se ha vuelto norma. Y si el crimen no duerme, es porque sabe que en Palacio nadie despierta.
InSight Crime nos coloca entre los países más inseguros de América Latina. ¿Y qué hace Dina Boluarte ante ello? Declaraciones sobre “pastores mentirosos”, metáforas futboleras, o frases del tipo “no nos distraen”. El único plan visible es aguantar hasta el 2026 con la mayor cantidad de blindajes posibles. Mientras tanto, la ciudadanía vive atrapada entre extorsionadores armados y gobernantes desarmados de ideas.
Extorsión, sicariato, cobros de cupo. Más de 50,000 denuncias por extorsión en 2024. Lima, Trujillo, Callao… territorios conquistados por el crimen. Pataz: obreros asesinados a sangre fría. Niños baleados. Comerciantes amenazados. ¿Y el Estado? Brilla por su ausencia, igual que los patrulleros, los fiscales, los planes de acción.
El VRAEM sigue siendo territorio liberado… para los narcos. Mientras tanto, las promesas del Ejecutivo se disuelven en cada rueda de prensa. La Policía Nacional —digna pero abandonada— combate a ciegas. El Ministerio del Interior cambia de titular como si se tratara de una tómbola. Y los corruptos dentro del sistema judicial y policial siguen en sus puestos, protegidos por un manto de complicidad institucionalizada.
¿Y el Congreso? Blindando como siempre. El caso Rolex —símbolo perfecto de este tiempo de impunidad reluciente— fue archivado con velocidad quirúrgica. La Fiscalía, más por decoro que por esperanza, pide reconsiderar la decisión por vicios procesales. Pero el Congreso ya está en otra: en la reelección, en las alianzas, en perpetuar el status quo.
Ecuador, en una crisis similar, ha pedido ayuda internacional. El Salvador, bajo el mandato de Bukele, erradicó —no sin polémica— a las maras con decisión. Aquí, ni decisión, ni intención. Solo un Ejecutivo en piloto automático y un Legislativo que legisla para sí mismo. El crimen se organiza. El Estado se desorganiza. Y mientras tanto, el Perú, secuestrado, agoniza.
El país está tomado. Por bandas armadas, por estructuras mafiosas, por la apatía de quienes deberían liderar. Dina Boluarte parece más concentrada en sostener su mandato que en proteger vidas. El Congreso más empeñado en blindarse que en legislar. Y entre ambos poderes, la ciudadanía se hunde.
El Perú no merece seguir gobernado por la resignación. Pero aquí estamos: con un Ejecutivo dormido, un Legislativo cómplice y una ciudadanía abandonada. El crimen no da tregua. Y quienes deberían enfrentarlo, ni siquiera dan señales de vida.
Aquí ya no se trata de recuperar el orden. Se trata de recuperar el país. Antes que lo terminen de rematar. Porque mientras el desgobierno bosteza, los delincuentes gobiernan. Y el reloj de la impunidad no solo sigue corriendo: marca la hora del colapso.