Sesenta días más de estado de emergencia y las muertes no se detienen. El Gobierno prolonga el régimen excepcional en Lima y Callao desde el 28 de octubre, mientras la persistencia de homicidios, sicariato y extorsiones vuelve a sustentar la decisión. La contradicción exige respuestas: si la emergencia necesita renovarse porque la violencia continúa, ¿qué corregirá el Ejecutivo? El ciudadano necesita protección, no otra fecha de vencimiento para la misma promesa.
La Policía mantiene el control del orden interno con apoyo militar. Ese despliegue debe evaluarse por su capacidad de prevenir delitos y desarticular organizaciones. Mostrar patrullas puede transmitir presencia; demostrar que una familia está mejor protegida exige resultados. La delincuencia no desaparece porque una autoridad anuncie que será combatida “con toda firmeza”.
La continuidad de los crímenes no prueba, por sí sola, que cada intervención haya sido inútil. Sí demuestra que la respuesta no ha logrado contener suficientemente la amenaza. Corresponde explicar dónde funcionó, dónde falló y qué cambiará. Presentar una prórroga como solución sin ofrecer ese balance equivale a pedir más confianza con la cuenta anterior todavía pendiente.
Desde los gobiernos anteriores hasta la actual administración, las medidas deben someterse al mismo examen. Ninguna camiseta política reduce responsabilidades. El Plan Escudo también merece una evaluación pública: objetivos, recursos, avances y fallas. Un nombre protector no sirve de mucho si quienes trabajan siguen preguntándose cómo llegarán vivos a casa.
La investigación criminal necesita continuidad, inteligencia y seguimiento del dinero. Capturar a quien ejecuta una amenaza importa; identificar a quien la organiza y financia resulta indispensable. Si la estructura conserva sus recursos y reemplaza a sus integrantes, el operativo puede terminar antes que el negocio.
Además, la restricción de derechos exige controles rigurosos. La ciudadanía no debe soportar facultades extraordinarias sin conocer sus beneficios ni recibir garantías frente a posibles abusos. Proteger la vida y respetar los derechos son obligaciones simultáneas del Estado.
El Ejecutivo debe publicar un balance verificable y fijar metas para estos sesenta días. Homicidios, extorsiones, protección de denunciantes y desarticulación de redes deben examinarse con indicadores comparables. Los anuncios no pueden seguir ocupando el lugar de los resultados.
La Policía y la Fiscalía necesitan coordinación efectiva, recursos y responsabilidades claras. También una conducción política que evalúe y corrija.
Reflexión final
Cada muerte deja una familia para la que ningún decreto representa consuelo. Renovar la emergencia puede ser legal; convertirla en rutina sin demostrar eficacia es políticamente inaceptable. El Estado debe explicar cómo reducirá la violencia. La población ya sabe cuánto cuesta seguir esperándola. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).