Rafael López Aliaga ya contempla la Presidencia de 2031 porque considera que Keiko Fujimori no realizará la “reforma absoluta” que necesita el Perú. Condiciona su eventual candidatura a la salud. El país, entretanto, necesita algo menos lejano: seguridad, servicios y autoridades capaces de cumplir. Resulta revelador que la conversación sobre transformar el Estado llegue acompañada de otra aspiración electoral. Antes de reservarse el futuro, corresponde demostrar capacidad en el presente.
Su desconfianza hacia el Gobierno no aparece en un vacío. La encuesta AtlasIntel para Bloomberg publicada el 14 de octubre registró una aprobación presidencial de 28,3 % y una desaprobación de 53,6 %. La caída de aprobación fue de 14,5 puntos frente al mes anterior. No significa que todo el Perú comparta el diagnóstico de López Aliaga; sí constituye una advertencia que Palacio no puede despachar como simple ruido opositor.
Fujimori debe responder con resultados verificables. La autoridad presidencial no se acredita acumulando intervenciones públicas ni confrontaciones. Se demuestra estableciendo prioridades, ejecutando políticas y explicando avances. Cuando el respaldo cae, culpar al adversario puede facilitar un titular; difícilmente mejora un servicio o protege a una familia.
Pero López Aliaga tampoco puede presentarse como recién llegado a una política que conoce y practica. Dirigir un partido, competir por cargos y proyectar otra candidatura son actividades políticas. Afirmar distancia frente al político tradicional exige demostrar diferencias en la conducta, no únicamente proclamarlas durante una entrevista.
Su propuesta de recortar consultorías y órdenes de servicio necesita precisión. ¿Cuáles son innecesarias? ¿Cuánto permitiría ahorrar? ¿Qué funciones deben preservarse? Combatir contrataciones injustificadas es indispensable. Confundir todo servicio especializado con despilfarro puede dejar instituciones sin capacidades. Una reforma seria distingue; un eslogan simplemente recorta.
La expresión “reforma absoluta” también merece contenido: objetivos, presupuesto, cronograma, controles y respeto institucional. Sin esas piezas, ofrece amplitud retórica y escasa posibilidad de evaluación. El ciudadano ya conoce demasiadas promesas enormes que terminan reducidas a explicaciones pequeñas.
La encuesta obliga al Gobierno a corregir y rendir cuentas. La ambición de 2031 obliga a López Aliaga a sustentar su alternativa. Ninguno debería utilizar las limitaciones del otro como certificado automático de competencia propia. El descontento merece respuestas, no solamente nuevos aspirantes a administrarlo.
Reflexión final
El Perú no puede esperar cinco años para comprobar si alguien decide transformar el Estado. Necesita gestión ahora y propuestas que resistan preguntas. La Presidencia no debería ser la siguiente estación de una trayectoria electoral permanente. Gobernar exige bastante más que anunciar quién no lo hará bien. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).