Perú aparece con las tarjetas de crédito más caras de la región. Es un liderazgo vergonzoso que exige respuestas de los bancos y del Estado. Unos deben explicar cuánto cobran; el otro, cómo protege a quienes pagan. Vender crédito como progreso mientras sus costos comprometen los ingresos familiares merece cuestionamiento. Las millas no pagan intereses y ningún descuento convierte una deuda cara en una oportunidad.
El análisis de Diario Financiero citado en la información publicada coloca al Perú primero entre once mercados, con una tasa máxima de referencia de 114,13% anual, frente al 80,6% de México y al 64,8% de Guatemala. La comparación mezcla límites legales, referencias y tarifarios, sin incluir comisiones ni seguros: no representa la tasa de todas las tarjetas ni su costo total. Esa precisión es indispensable; no sirve para clausurar el debate.
Los bancos tienen derecho a obtener ganancias, pero no a quedar fuera del escrutinio. El riesgo crediticio debe explicarse con sustento, no invocarse como respuesta automática. El contrato firmado tampoco convierte cualquier condición en incuestionable. Una relación comercial necesita información comprensible y posibilidades reales de elegir.
Resulta cómodo destacar beneficios y trasladar al cliente todo el esfuerzo de comprender cuánto cuesta financiarse. Si la promoción se entiende en segundos y el costo exige una investigación, la transparencia necesita revisión. Informar debería ayudar a decidir, no limitarse a construir una defensa documental frente al próximo reclamo.
La responsabilidad estatal es igualmente exigente. Proteger al usuario requiere supervisar, corregir y demostrar resultados. Recomendar educación financiera sin examinar las condiciones del mercado sería pedirle al ciudadano que aprenda a defenderse mientras la autoridad administra consejos.
Según la nota, el Ejecutivo evalúa eliminar los topes porque podrían excluir a personas con menor historial crediticio. Retirarlos no equivale automáticamente a subir todas las tasas, pero ampliaría el margen permitido para cobrarlas. Antes de hacerlo, el Gobierno debe demostrar quién se beneficia, qué riesgos asume el usuario y qué protección reemplazaría al límite. El argumento de la inclusión no puede funcionar como cheque en blanco para la banca.
El Gobierno, el Congreso y los supervisores deben exigir costos comparables, competencia efectiva y explicaciones verificables. Cualquier reforma debe evaluarse desde el bienestar del consumidor, además de la expansión del crédito. La rentabilidad bancaria no sustituye el interés público.
Reflexión final
El ciudadano no necesita un Estado que contemple su deuda y le recuerde que debió leer mejor. Necesita instituciones que cumplan su función antes del perjuicio. Celebrar tarjetas entregadas sin preguntar cómo se pagan es publicidad comercial. Presentarlo como protección social sería añadir una burla a la factura. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).