Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
El Estado no está ausente en la Amazonía. Está presente, sí, pero del lado equivocado. No protege, no escucha, no responde. Mientras el narcotráfico avanza con rutas aéreas, fluviales y terrestres perfectamente delineadas, con pistas clandestinas en pleno funcionamiento y con territorios indígenas reducidos a zonas de tránsito, el Estado peruano mira para otro lado. Peor aún, adopta políticas que fragmentan los territorios comunales, criminalizan a los pueblos originarios y empujan a los defensores ambientales al martirio sin justicia.
Un informe devastador publicado este 28 de mayo por AIDESEP, ORAU, el Instituto del Bien Común y Amazon Watch, redactado por Ricardo Soberón, denuncia lo que por años se ha silenciado: 274 comunidades indígenas de la Amazonía peruana están en riesgo por el avance del narcotráfico. No es una exageración. Es una constatación basada en mapas, testimonios y cifras oficiales. ¿La respuesta del Estado? Firmar títulos individuales en territorios colectivos, debilitar la protección territorial y abandonar la frontera amazónica al crimen organizado.
Más de 92,000 hectáreas de hoja de coca se cultivaron en 2023, de las cuales más del 14% se encuentra en tierras indígenas. En paralelo, hay más de 500 pistas de aterrizaje clandestinas, muchas en activo. Ucayali, por ejemplo, tiene al menos 85. El resultado: rutas de la droga que cruzan el país de norte a sur, desde la frontera con Ecuador hasta Bolivia y Brasil, atravesando los territorios de pueblos awajún, ticuna, yagua, kakataibo y asháninka.
Las cifras duelen, pero las vidas perdidas más. Desde 2020, 27 defensores indígenas han sido asesinados. ¿Cuántos más serán necesarios para que el Estado reaccione? ¿Cuántos asesinatos más se necesitan para que el Ministerio del Interior o el de Defensa abandonen la inercia? El líder kakataibo Marcelo Odicio lo dijo claro: “Existen pistas de aterrizaje y completo abandono del control territorial del Estado”. No es una opinión, es una denuncia urgente.
A esto se suma el testimonio de Ricardo Soberón, quien apunta directamente a la raíz del problema: “El Estado peruano y los gobiernos, lejos de considerarlos un aliado, los consideran el principal sospechoso”, refiriéndose a las comunidades nativas. Criminalizar al que defiende su territorio, premiar al que lo invade. Así funciona esta lógica perversa.
La erradicación sin consulta previa, promovida por el CORAH, ha resultado en una simple traslación del problema. Al no ofrecerse alternativas sostenibles ni respetarse la autodeterminación de los pueblos indígenas, se empujó la frontera cocalera hacia zonas aún más frágiles, incluyendo territorios de pueblos en aislamiento voluntario. El Estado no solo no protege, sino que empuja al abismo.
Y mientras la Amazonía sangra, ¿qué hace la política nacional? Nada. El Congreso silente. El Ejecutivo en piloto automático. Los ministerios pertinentes, desaparecidos. El Ministerio del Ambiente, inexistente. Y DEVIDA, la institución encargada de coordinar la lucha contra las drogas, fue cómplice de políticas que habilitaron la parcelación de la tierra comunal.
¿Dónde está la fiscalización real? ¿Dónde están las acciones de fondo para detener este colapso ecológico y humano? El informe no deja margen de duda: estamos ante un proceso de “amazonización del narcotráfico”, con la consecuente violación sistemática de los derechos humanos.
Los pueblos indígenas están enfrentando solos una guerra que no provocaron. El Estado no solo los ha abandonado, los ha traicionado. No basta con informes, pronunciamientos ni discursos bien intencionados. Se necesitan decisiones radicales: proteger colectivamente los territorios, reconocer los derechos ancestrales, frenar la criminalización de los defensores, reformar desde la raíz la política antidrogas, y hacer que los países consumidores asuman su corresponsabilidad.
Lo que está en juego no es solo la integridad de la Amazonía, sino la dignidad del Perú. Y cada día que se retrasa una acción contundente, el narco gana más territorio. La pregunta ya no es si habrá más víctimas. La pregunta es: ¿cuántas más vamos a permitir?.