Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Hay momentos en la historia de un país en que uno espera grandes reformas, cambios estructurales, leyes que devuelvan la esperanza… pero en el Perú de hoy, nuestros congresistas tienen otras prioridades. ¿Reestructurar la seguridad ciudadana? ¿Reactivar la economía? No. Lo urgente es poder hacer campaña electoral con recursos del Estado, en horario laboral, y sin ninguna culpa ni neutralidad que los incomode. El proyecto de ley 11306/2024-CR no es una burla a la democracia: es un acto de sinceridad brutal. Por fin admiten que la semana de representación no era más que una gira proselitista encubierta.
El congresista Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular (sí, ese partido que jura no ser populista), ha tenido una epifanía democrática: propone modificar el reglamento del Congreso para que los congresistas puedan hacer campaña abiertamente durante la semana de representación. ¿El motivo? Según él, exigir neutralidad política a los parlamentarios sería una traición a su esencia. Al parecer, para representar al pueblo es imprescindible colocar gigantografías, repartir volantes y asegurar un cupo en las próximas elecciones, todo mientras se cobra dieta y viáticos.
Y no está solo en esta cruzada por el derecho al autobombo financiado. Lo acompañan nombres tan familiares como Aguinaga, Moyano, Cueto, Bazán, Ventura, Muñante, Tudela, Gonza, entre otros próceres de la democracia criolla. Un dream team que cree firmemente que el Congreso es un escenario de “confrontación de ideas”, aunque esas ideas muchas veces solo giren en torno a blindajes, archivamientos express y selfies de campaña.
Según el texto del proyecto, exigir neutralidad a los parlamentarios sería como exigir objetividad a un árbitro de fulbito en barrio con apuestas. Se perdería la “esencia del cargo”, que al parecer incluye la libertad irrestricta de usar su posición pública para fines privados. La neutralidad sería antinatural. Y en parte tienen razón: neutralidad, en nuestro Congreso, es una especie en extinción.
Mientras tanto, los juristas con apego a la Constitución, como Jorge Jáuregui, recuerdan que la neutralidad política durante procesos electorales es un principio fundamental del funcionamiento democrático. Pero en esta versión tropical de república parlamentaria, el principio es simple: si puedes hacerlo sin consecuencias, no es ilegal, solo «innovador».
El argumento central del proyecto es que los congresistas no deben ser tratados como simples “tecnócratas desideologizados”. Claro, porque eso sería rebajarlos. Ellos son más que eso: son estrategas electorales 24/7, promotores de sus candidaturas en cada distrito, expertos en inauguraciones simbólicas y dueños de un discurso inflamado cuando hay cámaras cerca y amnesia colectiva cuando se apagan las luces.
¿Neutralidad en campaña? ¿Quién necesita eso cuando se tiene inmunidad, dieta y micrófono? Esta propuesta legislativa no solo blanquea una práctica ya común: la institucionaliza, la bendice, la convierte en “función parlamentaria”. En el Perú de hoy, hacer campaña con fondos públicos ya no es corrupción, es una «optimización del derecho político».
Así que prepárense: en 2026, si este proyecto se aprueba, veremos a nuestros honorables padres de la patria desfilando con polos bordados, slogans reciclados y promesas en tecnicolor, todo dentro de su jornada de representación. Eso sí, con total seguridad jurídica.
La democracia peruana ya no sangra: aplaude con una sola mano mientras la otra sostiene un cartel de “Vota por mí”. Y la representación política, esa que debería conectar a los ciudadanos con el poder, ahora solo sirve de excusa para mantener el poder, cueste lo que cueste.