Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
¿Puede una tarifa firmada hace más de una década, sin debate público ni control ciudadano, convertirse en una sentencia económica para millones de peruanos?. Sí. Eso es exactamente lo que ha hecho Ositrán con la nueva TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez. Lo llaman “legal”, lo llaman “técnico”, lo llaman “participativo”. Pero en el fondo, huele a lo de siempre: un acuerdo entre escritorios que termina afectando el bolsillo de todos, sin que nadie —ni siquiera ahora— se atreva a dar la cara.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) aprobó una tarifa que impactará directamente a todos los pasajeros en tránsito: US$ 7.07 para vuelos nacionales y US$ 11.32 para vuelos internacionales. ¿A cambio de qué?. De hacer una escala que no eligieron. Lo que en cualquier aeropuerto moderno del mundo es parte del servicio, en el Perú se convierte en un cobro más. Y no menor. Carlos Gutiérrez, gerente de AETAI, advirtió que este nuevo cobro encarecerá los vuelos entre US$ 14 y US$ 22 por pasajero ida y vuelta. Una familia de cuatro personas pagará hasta S/300 más. Bienvenidos al impuesto de la escala.
Esto fue firmado en 2013 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Lima Airport Partners, en una adenda que pasó desapercibida por el Congreso, los medios, la opinión pública. ¿Quién debía fiscalizar? Ositrán. ¿Qué hizo? Nada. ¿Y qué dice hoy? Que “no tiene facultad para modificar contratos”. Pero esa no es la discusión. La pregunta es por qué no advirtió, por qué no alertó, por qué no exigió una revisión. Porque cuando el contrato está blindado, el usuario está condenado.
¿Y Verónica Zambrano?. La presidenta de Ositrán no solo defiende la tarifa, sino que la presenta como parte de un proceso legítimo. Lo grave es que nunca se consultó a los usuarios, nunca se explicó el impacto, nunca se habilitó un debate real. La audiencia pública que organizaron este año fue una puesta en escena sin ciudadanos informados ni participación efectiva. Una formalidad que encubre un abuso.
Este no es un caso aislado. Es una radiografía del Estado ausente, de las autoridades que se encogen de hombros, de la complicidad que normaliza lo inadmisible. Porque sí, Verónica Zambrano y quienes firmaron o validaron esta tarifa sin voz ni voto ciudadano son cómplices. ¿Dónde está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ahora? ¿Dónde están Indecopi y los defensores del consumidor? ¿Dónde están los congresistas que prometen fiscalización?
Peor aún: ¿dónde está la voluntad política para detener este abuso? Porque no basta decir que es “legal”. Lo que se necesita es valor para revisar lo firmado cuando está mal. Lo que se necesita es ética para reconocer que una tarifa que encarece el tránsito de los peruanos —y que solo beneficia a una concesionaria privada— no es una política pública. Es una vergüenza institucional.
La historia de la TUUA es la historia de cómo se gobierna en el Perú: se firma en silencio, se aplica sin debate y se defiende con tecnicismos. Ositrán podrá decir que todo fue legal, pero eso no lo hace legítimo. Cuando un contrato —por más antiguo que sea— perjudica al ciudadano, lo ético es revisarlo. Lo correcto es corregirlo. Y lo urgente es frenarlo.
Si este país quiere volver a confiar en sus instituciones, necesita más que papeles con firma y sello. Necesita valentía para admitir errores, transparencia para discutirlos y voluntad política para corregirlos. De lo contrario, la próxima tarifa entre gallos y medianoche ya está en camino. Y, como siempre, la pagaremos todos.