El Niño: 1.508 obras paralizadas, ¿por qué esperar a que sea tarde?

El Niño no paralizó esas obras. Muchas ya estaban detenidas a comienzos de año y otras vienen de años anteriores. Conviene recordarlo ahora, antes de que la primera emergencia ofrezca una coartada cómoda: atribuirle al clima lo que las autoridades todavía están a tiempo de corregir. La Contraloría ha identificado 1.508 obras públicas paralizadas en zonas vulnerables. Quienes tienen a su cargo esos proyectos le deben al país una explicación más útil que el próximo balance de daños: qué van a hacer, quién responde y cuándo empieza la solución.

Según informó a RPP el contralor general, César Aguilar, esas 1.508 obras representan el 67,4 % de las 2.237 paralizadas que registra la entidad en el Perú. Culminarlas requiere S/14.475 millones. Esa cifra expresa el financiamiento pendiente; presentarlo como dinero perdido sería falsear el diagnóstico. Tampoco se trata exclusivamente de obras de prevención: son proyectos ubicados en territorios expuestos a riesgos distintos, desde lluvias intensas hasta heladas, friajes o escasez de agua.

Cusco concentra 272 de esas obras; Puno, 212; Ayacucho, 149; y Áncash, 118. Transportes y Comunicaciones encabeza el recuento sectorial con 436 proyectos. Le sigue Vivienda, Construcción y Saneamiento, con 319. Para una comunidad, la diferencia entre ambos rubros se entiende sin estadísticas: en un caso puede estar en juego el camino que la conecta con un hospital; en el otro, el agua que llega a sus casas.

Aguilar advirtió que hay alumnos que estudian en casonas antiguas con deficiencias que comprometen su seguridad. Allí cobra sentido su pregunta: «¿Por qué esperar a consumar el daño si podemos entrar antes?» Si un local escolar presenta riesgo, la discusión sobre cómo terminar la obra puede tomar meses. La decisión sobre dónde recibirán clases los niños en condiciones seguras no admite ese calendario.

La Contraloría anunció que volverá a proponer mayores facultades de control preventivo. El Congreso debe discutir su alcance sin confundir fiscalización con ejecución. El organismo de control identifica el riesgo; a la entidad responsable le toca corregirlo. Sería una ironía que el debate sobre una nueva norma sirviera para aplazar decisiones que ya pueden tomarse.

La Caja Negra exige que cada entidad ejecutora publique, obra por obra, la causa de la paralización, el financiamiento pendiente, el responsable de resolverla y la fecha de la próxima decisión. Donde haya peligro para las personas, la primera obligación es explicar cómo serán protegidas mientras se retoman los trabajos.

La propia Contraloría reporta que 282 informes contribuyeron a reactivar 109 obras. Es un avance que merece seguimiento: reanudar trabajos y entregar un servicio son resultados distintos. Para una familia que espera agua potable, la fecha que cuenta es aquella en que abre el caño y sale agua.

Reflexión final
Las autoridades ya saben dónde están las obras y qué poblaciones están expuestas. La próxima vez que visiten una de esas comunidades, que lleven algo más que la advertencia que sus vecinos ya conocen: una decisión tomada, un responsable identificado y un plazo que la ciudadanía pueda exigir. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).

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