La advertencia de la DEA golpea donde el discurso contra el narcotráfico suele perder firmeza: la protección política. Terry Cole, director de la agencia estadounidense, anunció que continuará exponiendo los presuntos vínculos entre cárteles y funcionarios corruptos en México. El mensaje es contundente: ocupar un despacho público no debería ofrecer refugio a quienes colaboran con organizaciones criminales.
El narcotráfico necesita algo más que hombres armados. Le resultan especialmente útiles una investigación frenada, una alerta filtrada o un control convenientemente distraído. Allí donde se demuestre colaboración institucional, el funcionario deja de cumplir su deber y facilita el negocio que debía combatir. La ciudadanía termina pagando dos veces: financia al Estado y soporta las consecuencias de su traición.
Por eso, la advertencia incomoda. Es relativamente sencillo anunciar mano dura frente a las cámaras; resulta bastante más exigente investigar a quienes tienen contactos, influencia y capacidad para bloquear pesquisas. La firmeza de una política antidrogas se prueba cuando alcanza a los protectores del negocio, incluso si pertenecen al propio entorno político.
Cole sostiene que la corrupción alimenta las redes de los cárteles. Su declaración obliga a pasar de la denuncia pública al expediente sólido. La DEA deberá presentar pruebas, identificar responsabilidades y sostener sus afirmaciones ante los tribunales. Exponer no puede limitarse a insinuar. Una amenaza espectacular que no desemboca en actuaciones verificables también corre el riesgo de convertirse en propaganda.
Las autoridades mexicanas tienen una responsabilidad ineludible: investigar con independencia y cooperar cuando corresponda. Responder únicamente con indignación diplomática sería insuficiente. La soberanía exige capacidad para esclarecer posibles delitos dentro de las instituciones; pierde credibilidad cuando se invoca para evitar preguntas sobre quienes ejercen el poder.
Tampoco basta sacrificar a un funcionario menor y declarar saneada una estructura. Las pesquisas deben seguir las decisiones, el dinero y los beneficiarios. Cambiar nombres en un organigrama mientras permanecen los mecanismos de protección sería una renovación administrativa del mismo problema.
Investigar con firmeza exige respetar la presunción de inocencia. Ninguna denuncia convierte automáticamente a alguien en culpable. Precisamente por eso hacen falta procesos independientes, pruebas contrastables y sanciones cuando se acrediten delitos.
Reflexión final
La DEA ha anunciado que expondrá conexiones políticas del narcotráfico. Ahora deberá demostrarlo. Y las autoridades mexicanas deberán facilitar el esclarecimiento, no administrar excusas. El cargo público debe aumentar la obligación de responder, jamás reducirla. Porque mientras los protectores del negocio conserven poder e impunidad, cada operativo podrá retirar droga de circulación sin retirar al crimen sus mejores facilidades. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).
