Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Mientras el gobierno habla de “reactivación”, de “modernización policial” y de “seguridad ciudadana”, Lima se desangra por las esquinas. Ya no hay semáforo, mercado, bus o universidad donde no aceche el ladrón de turno. Y no hablamos de grandes mafias o espectaculares crímenes de película. Hablamos del robo silencioso, cotidiano, “menor” —como le llaman las autoridades—: el hurto de celulares. Un delito que ha crecido más de 160% en apenas dos años y que hoy refleja el fracaso sistemático de nuestras políticas de seguridad, justicia e inteligencia urbana. El celular es apenas el símbolo: lo que realmente se pierde con cada robo es la fe en el Estado.
Más de 2,000 hurtos en solo cuatro meses en Lima. Distritos como el Cercado, Surco, Miraflores y Breña lideran la lista de zonas donde el delito ya se ha naturalizado. En semáforos, combis, universidades, discotecas, mercados, tiendas, casas. No hay espacio que esté a salvo. Se rompe un vidrio, se mete una mano, se abre una mochila. Y el ladrón se va. Tranquilo. Porque ya sabe que no pasará nada.
Las autoridades, eso sí, sacan pecho. Que han elevado las penas. Que el robo de celular ahora puede llegar a 30 años. Que hay líneas gratuitas para denunciar. Que la Policía tiene “estrategias focalizadas”. Pero la pregunta es simple: ¿sirve de algo si el 80% de víctimas ni siquiera se toma el trabajo de ir a una comisaría porque sabe que no habrá respuesta?
La presidenta Dina Boluarte y sus ministros han demostrado una alarmante desconexión con la realidad. Mientras en los barrios la gente vive con miedo, en Palacio se reparten discursos vacíos. No existe un plan integral contra la delincuencia. No hay voluntad política para desarticular las redes del crimen organizado. No se ven estrategias articuladas entre municipios, Ministerio del Interior, Fiscalía y Poder Judicial. No hay prevención. No hay inteligencia operativa. Solo inercia, improvisación y anuncios reciclados.
El ministro del Interior se toma fotos con operativos en Gamarra y ofrece discursos que no resisten una sola caminata nocturna por la ciudad. ¿Dónde están los patrulleros cuando se rompe un vidrio? ¿Dónde están los serenos cuando los ladrones “trabajan” en mancha durante horas en mercados o zonas universitarias? ¿Qué hace el Ministerio del Interior, además de subir estadísticas en una web que nadie consulta y firmar convenios de papel con municipios que no tienen ni combustible para sus camionetas?
Y esto va más allá de un simple “aumento de denuncias”. Esto es el síntoma de una ciudad secuestrada por la impunidad. Porque no solo se trata del objeto robado, sino del mensaje que se instala: “Aquí no pasa nada”. Lo que se pierde no es solo un aparato de mil soles. Es tu línea, tus contactos, tu trabajo, tus documentos, tu acceso a bancos, tu identidad. Pero sobre todo, tu derecho básico a caminar tranquilo.
Las operadoras de telefonía reportaron más de 1.5 millones de celulares robados en 2024. ¿Y cuántos de esos fueron localizados, desactivados, bloqueados efectivamente por el Estado? ¿Por qué se sigue permitiendo la venta de equipos robados en galerías a vista y paciencia de todos? ¿Quién fiscaliza a los comerciantes que se enriquecen con esta cadena de robo impune? ¿Cuántos operativos reales ha hecho la fiscalía en estos puntos de reventa?
A esto se suma lo peor: la indiferencia del Ejecutivo frente a delitos aún más graves. Sicariato, extorsión, bandas armadas, cobro de cupos en obras públicas, asesinatos por encargo. Hay regiones enteras en el norte y el sur del país donde los alcaldes trabajan bajo amenaza y los ciudadanos viven bajo toque de queda no declarado. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. No se convoca a un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana real, no se reforma la PNP, no se invierte en inteligencia. ¿Dónde está Dina Boluarte cuando matan a un chofer de combi a plena luz del día? ¿Dónde están sus ministros cuando una familia es extorsionada y abandonada por la policía?.
El robo de celulares no es un problema menor. Es la muestra más brutal de que vivimos en un país donde el delito del día a día se ha institucionalizado. Es un delito que no necesita violencia porque ya opera con la complicidad de la inacción. La solución no está en aumentar las penas en el Código Penal mientras se sigue recortando presupuesto a la Policía. La solución está en asumir que el crimen urbano tiene lógica, redes y circuitos, y que no se combate con comunicados, sino con presencia, inteligencia y voluntad política.
Porque si hoy te roban el celular y nadie hace nada, mañana te roban la bicicleta, el carro, la casa, la vida. Y seguirá sin pasar nada. La inseguridad se combate con estrategia, pero también con decencia. Y eso, lamentablemente, escasea más que patrulleros en Lima.