Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Perú no necesita excavadoras para destruir su patrimonio. Le basta con una resolución ministerial. En pleno 2025, el Ministerio de Cultura ha recortado la Reserva Arqueológica de Nasca de 5.600 a 3.200 kilómetros cuadrados. ¿La razón? “Sinceramiento técnico”, dicen. Pero en un país donde los intereses económicos se disfrazan de planificación, donde lo público se negocia entre gallos y medianoche, el recorte de una zona protegida siempre huele a algo más: a negocio encubierto, a tierra liberada para otros fines, a patrimonio entregado con firma y sello oficial.
Durante más de dos décadas, investigadores, arqueólogos y defensores del patrimonio —entre ellos la emblemática María Reiche— han protegido las pampas de Nasca como un tesoro nacional e incluso planetario. En ese desierto, la humanidad dejó trazos que aún desafían nuestra comprensión, una obra milenaria inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994. Hoy, gran parte de ese perímetro ha sido excluido del resguardo oficial con una justificación técnica: “las zonas retiradas no contenían evidencia comprobada”.
Pero el silencio sobre qué pasará con esos terrenos encoge más que los kilómetros perdidos. El Ministerio de Cultura, encabezado por Fabricio Valencia Gibaja, admite que la zona excluida “podrá destinarse a otros usos”, sin especificar cuáles. ¿Cuáles son esos usos? ¿Minería? ¿Agronegocios? ¿Concesiones turísticas? ¿Infraestructura? ¿Cuáles son los mecanismos de fiscalización para evitar que la nueva delimitación sea una puerta abierta al despojo patrimonial?
La historia reciente del Perú nos ha enseñado a desconfiar cuando se reducen áreas naturales protegidas o reservas arqueológicas. Lo hemos visto en la Amazonía, lo hemos visto con los conflictos mineros, y ahora lo vemos en Nasca. El argumento de “gestión eficiente” es una vieja coartada para facilitar lo que antes era inviable por restricciones legales. En lugar de ampliar el resguardo y mejorar la conservación, el Estado opta por el camino inverso: reducir, delimitar, “optimizar”, abrir… ¿para quién?
¿Dónde queda el principio de precaución frente a un patrimonio tan frágil como irreemplazable? ¿Qué diría María Reiche, que vigiló con una escoba esas líneas desde un avión alquilado, al ver que el Estado que juró protegerlas decide ahora recortarlas con un plumazo? ¿Por qué no se hicieron públicos los estudios completos que respaldan la decisión? ¿Dónde está el debate técnico, arqueológico, ciudadano? ¿Y dónde está la UNESCO, que custodia con estándares globales estos patrimonios?
La ciudadanía merece saber qué intereses se activan detrás de esta redefinición. Porque mientras el Ministerio de Cultura presenta mapas con líneas más estrechas, los lobbys económicos afilan sus propuestas para intervenir donde ayer no podían. Y eso, en un país donde los negociados se camuflan con lenguaje burocrático, no puede pasar desapercibido.
Conclusión
Este no es un debate técnico, es un debate ético. El recorte de la Reserva Arqueológica de Nasca marca un precedente grave: que se puede redefinir el patrimonio nacional sin un proceso público, sin consulta, sin una mirada de largo plazo. Es el triunfo de lo funcional sobre lo simbólico. Es permitir que lo que alguna vez fue sagrado para nuestras culturas originarias ahora esté disponible para el mejor postor.
Perú no está perdiendo solo kilómetros de desierto. Está perdiendo memoria, historia, identidad. Y lo más indignante: lo está haciendo por decisión propia. Porque cuando se abre la puerta para que el patrimonio se convierta en propiedad negociable, ya no se trata de cultura: se trata de complicidad.
Que no se diga después que no lo vimos venir. Las líneas de Nasca no solo están siendo borradas por el tiempo o el clima. Hoy, las están borrando desde un escritorio en Lima. Con tinta indeleble. Con autorización ministerial. Y con un silencio que grita.