Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
En el Perú, el oro brilla, sí… pero con el reflejo de la sangre. Mientras las empresas formales, los mineros ilegales y las comunidades se disputan el territorio a punta de balazos, extorsiones y bloqueos, el país se hunde en el caos. Y en medio de ese polvorín, Dina Boluarte y su gabinete parecen estar demasiado ocupados mirando el calendario para llegar vivos al 28 de julio de 2026, sin hacer absolutamente nada más.
La gran minería y la minería ilegal están en guerra abierta. Y no es una metáfora. Los muertos en Pataz no son cifras: son víctimas de una guerra sin cuartel en la que los grupos criminales han tomado el control de zonas enteras, cobrando cupos, traficando explosivos y asesinando a quien se interponga.
¿Y qué hace el Gobierno?. Pues lo mismo que ha hecho siempre: extender plazos. Ahí tienes el Reinfo, ese famoso registro para formalizar a mineros informales. Tras casi una década, apenas el 2.31 % ha logrado formalizarse. O sea, es tan eficaz como una puerta giratoria en medio de una tormenta de balas.
Y mientras tanto, los señores de Palacio y sus ministros decorativos prefieren seguir repitiendo que “todo está bajo control”, aunque el país esté literalmente en manos de mafias armadas que convocan ronderos para “tomar Lima”. El señor Máximo Franco Bequer, de Confemin, lo ha dicho clarito: si no les aprueban sus leyes a la medida, van a radicalizar la protesta. Traducido: chantaje puro y duro.
Y lo más grotesco es que el Congreso tampoco se salva. En vez de asumir su rol y legislar con seriedad, se han convertido en mesa de partes de grupos de interés. Los mismos congresistas que hace poco se rasgaban las vestiduras por la minería ilegal, ahora se matan por presentar leyes que den amnistía a los informales y prorroguen procesos eternos de formalización. Ni vergüenza les da.
Y mientras tanto, el MEF y sus genios de la desregulación siguen dictando decretos para “eliminar barreras burocráticas”. Traducido al castellano: menor fiscalización ambiental, menos controles sociales, y vía libre para que cualquier retroexcavadora arrase con lo que quede. Las líneas de Nasca, el Amazonas o los glaciares pueden esperar, ¿no?.
La minería ilegal no es un asunto menor. Es el corazón financiero de las mafias que hoy dominan la extorsión, el sicariato y la corrupción local. Cada pepita de oro extraída ilegalmente financia balas, amenazas y el miedo que carcome a las regiones.
Pero claro, para Dina Boluarte y su gobierno, eso es apenas ruido de fondo. Total, mientras no afecte el tipo de cambio ni sus sueldos, todo está “tranquilo”.
Hoy, la minería en el Perú es un campo de guerra. No se trata solo de explotación de recursos. Se trata de territorio, poder y dinero sucio. Y tenemos un Estado que brilla por su ausencia, más preocupado por blindajes políticos, por subirse los sueldos y por llegar a la siguiente elección, que por proteger al país de las mafias que ya lo están devorando.
Reflexión Final
Así que sí, hay oro bajo nuestros pies. Pero mientras tanto, sobre la tierra, solo hay violencia, chantajes y corrupción. Y un gobierno que, en lugar de gobernar, se dedica a sobrevivir un día más.
Porque en el Perú de hoy, el verdadero poder no está en Palacio ni en el Congreso. Está en las balas, en las retroexcavadoras y en las bolsas negras llenas de oro ilegal. Y lo peor es que parece que a nadie, allá arriba, le importa.