Por Edwin Gamboa. Fundador Caja Negra.
Mientras algunos sueñan con candidaturas presidenciales y otros ensayan discursos por Fiestas Patrias, en el Perú ya hay un poder que gobierna sin necesidad de elecciones, campañas ni urnas: la minería ilegal. Sus operadores cortan carreteras, toman avenidas, paralizan regiones enteras y negocian con la autoridad desde la calle. En un país sin ley, sin dirección y sin presidente en ejercicio (aunque haya alguien en Palacio), los que mandan son los que tienen retroexcavadora, dinamita y la sartén por el mango.
Y no es que hayan dado un golpe de Estado. Lo suyo ha sido más eficiente: tomaron el poder por abandono. Mientras Dina Boluarte y su gabinete de adorno se debaten entre el silencio, la excusa y el teleprompter, los mineros ilegales ya legislan de facto desde las carreteras bloqueadas. Bienvenidos a la República Extractiva del Perú.
La minería ilegal ya no es solo un problema ambiental, ni siquiera un asunto de orden público. Se ha convertido en un actor político de primer nivel que está desafiando directamente al Estado —y, en particular, a la ya debilitada presidencia de Dina Boluarte—. El mensaje es claro: o cedes a nuestras condiciones o paramos el país.
El epicentro de esta pulseada lo hemos visto en los últimos días. Con bloqueos en la Panamericana Sur, la avenida Abancay y tramos estratégicos de Arequipa, Cusco, La Libertad e Ica, los mineros ilegales han mostrado no solo su poder logístico, sino también su capacidad de imponer agenda. El gobierno no reacciona. Solo observa cómo lo arrinconan.
Según la Cámara de Comercio de Lima, el bloqueo de vías genera una pérdida de S/ 622 millones diarios. Y aun así, el Ejecutivo guarda un silencio tan espeso como el mercurio que estos grupos vierten en los ríos. No hay mensajes a la nación, no hay estrategia, no hay liderazgo. Dina Boluarte está en jaque. Y lo sabe.
Este jaque no es solo económico. Es político. Las demandas de los mineros ilegales apuntan a la “formalización exprés” de sus actividades ilícitas. No mediante procesos técnicos ni compromisos ambientales, sino por la vía de la presión, la violencia y el chantaje social. El Estado se ha convertido en un espectador que solo negocia cuando está acorralado.
Y mientras los manifestantes toman calles, la Fiscalía mira al costado y el Congreso se hace el desentendido —porque, claro, en año preelectoral todos están más preocupados por no perder votos—, el país se incendia lentamente. En los hechos, el control territorial ya no lo tiene el gobierno. Lo tiene quien más ruido y daño pueda hacer.
La minería ilegal ha dejado de ser un síntoma para convertirse en el diagnóstico central del colapso del Estado. Ya no se limita a destruir el medio ambiente: ahora destruye la institucionalidad, desmantela al Ejecutivo y humilla al poder civil. Dina Boluarte, con su parálisis permanente, está pagando el costo de su desgobierno. Y cada día que pasa sin actuar, se vuelve más irrelevante.
Hoy, los que dictan las reglas no están en el Consejo de Ministros. Están en las carreteras tomadas, en las minas clandestinas, en las reuniones donde se redactan propuestas de ley a punta de piedra y fuego. El Perú está siendo gobernado por la lógica del “toma y exige”. Y Dina Boluarte, reducida a una espectadora de su propia presidencia, ya no tiene margen de maniobra.
Reflexión final
El país está siendo saqueado en tiempo real. Y no hablamos solo del oro o el coltán. Hablamos de la autoridad, de la ley, de la soberanía institucional. Dina Boluarte ha perdido el tablero, y la minería ilegal acaba de colocarle el jaque más peligroso de su mandato.
Si el gobierno no actúa con firmeza, si no hay respuesta real, estratégica y legítima, entonces no será necesario esperar al 28 de julio de 2026 para el cambio de mando. Porque ya empezó, de facto, en cada región donde el crimen organizado reemplaza al Estado. Y lo está haciendo sin pedir permiso.