Por Edwin Gamboa. Fundador Caja Negra.
Trabajar y no comer: la nueva política económica no oficial del Perú. Según cifras recientes, más de 1.4 millones de limeños trabajan formalmente, pero no pueden cubrir ni la mitad del costo de la canasta básica familiar. Y si eso pasa en Lima, imagine usted el infierno estadístico y social en el interior del país, donde la pobreza ya no es estructural: es descaradamente sistémica, profundamente vergonzosa y trágicamente normalizada. Mientras tanto, desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte —con un 2% de aprobación, que probablemente ya descendió a 0% mientras usted lee esta línea— continúa más preocupada por blindar su abultado sueldo presidencial que por entender qué diablos significa “gobernar”.
Los analistas hablan de “recuperación parcial”, pero en la calle no se recupera ni la esperanza. Según el economista Carlos Adrianzén, el país ni siquiera ha vuelto a los niveles de productividad del 2012. La economía vive en coma inducido y la clase política en fiesta privada. Para el ciudadano promedio, el único crecimiento tangible es el del precio del pan, el pasaje, la pensión escolar o la consulta médica.
¿Y qué hace el Estado?. Absolutamente nada. El gobierno de Boluarte ha sido hábil para una sola cosa: mantener el país en piloto automático, sin liderazgo, sin rumbo, sin idea. Mientras el crimen se apodera del territorio, la minería ilegal destruye la Amazonía y las extorsiones paralizan barrios enteros, la presidenta parece más interesada en sobrevivir políticamente hasta el 28 de julio de 2026 que en evitar que los peruanos pasen hambre hoy.
En cualquier país civilizado, un gobernante con un 2% de respaldo sería un caso clínico de renuncia o de crisis institucional severa. Pero en el Perú, la impopularidad se premia con aumentos salariales. Según datos públicos, Dina Boluarte gana más que los presidentes de México, Brasil, Colombia o Chile, países con sistemas de salud que funcionan, escuelas que educan y presidentes que —nos guste o no— sí gobiernan. Aquí, en cambio, gobierna el crimen, la pobreza y la informalidad.
Y mientras el pueblo trabaja para morirse de hambre, los funcionarios del Estado se atragantan con viáticos, bonificaciones, consultorías y dietas parlamentarias. No hay alimento que alcance, pero sí hay presupuesto para blindar curules, licitar alfombras, reprimir protestas y declarar “secreto de Estado” hasta los peajes.
La tragedia no es solo económica, es moral. Trabajar y seguir siendo pobre ya no es una excepción: es una constante. El trabajo en el Perú no dignifica: precariza. El esfuerzo no se recompensa: se castiga. El talento no se retiene: emigra.
Estamos en un país donde se trabaja para subsistir, se estudia para endeudarse y se gobierna para figurar. Un país donde el pueblo baja de peso mientras sus políticos engordan privilegios. ¿Dónde está el Estado?. En algún lugar entre la indiferencia y la planilla dorada. ¿Dónde está la presidenta?. Al parecer, revisando su calendario con cuenta regresiva: solo le falta resistir hasta julio de 2026 para cerrar con broche de bronce una presidencia de papel.
Reflexión final
La pregunta ya no es si el Perú está gobernado: la pregunta es por quién. Si el hambre, la informalidad, la minería ilegal, la extorsión y la desigualdad son los verdaderos gestores del país, entonces la silla presidencial no está vacía: está decorativa. Como su gabinete.
Y mientras el pueblo muere de hambre —literal y simbólicamente—, en Palacio de Gobierno solo se mastican excusas. Porque aquí, en el Perú, los pobres trabajan… y los políticos comen.