¡Milagro! La ONPE se despertó. Al parecer, alguien en la institución se acordó de que su trabajo no es solo imprimir carteles de “Vota informado” ni contar votos como cajero automático. Ahora, con bombos y platillos, nos anuncian nuevas restricciones al financiamiento público de los partidos políticos. La pregunta no es si estas reglas son necesarias (lo son). La verdadera pregunta es: ¿de verdad creen que los mismos partidos que han vivido del presupuesto nacional como larvas en buffet, van a cumplirlas?
Entre los cambios, se prohíbe contratar con dinero del Estado a personas con sentencia firme por delitos de financiamiento ilegal. ¡Qué nivel de audacia! ¡Bravo ONPE! En otras palabras, acaban de descubrir que los delincuentes no deberían ser contratados con dinero público. Lo próximo será prohibir que los peces naden o que el fuego queme.
También se veta a proveedores relacionados con dirigentes partidarios. O sea, adiós a la empresa del cuñado, la consultora de la prima “coach en liderazgo transformacional” o el tío que enseña “gobernabilidad” desde su sala de estar. Lo que ONPE llama «candados», en realidad, son cerrojos en puertas que los partidos ya dinamitaron hace años.
Pero no se vayan, que hay más. ONPE ha decidido modernizar la franja electoral con “influencers” e “instagramers” que deberán tener al menos 100 mil seguidores y cierto nivel de engagement. Es decir, la democracia peruana ahora también dependerá del algoritmo. ¿Quién necesita planes de gobierno si puedes tener un TikTok viral bailando mientras prometes “educación gratuita para todos”?
Y no se preocupen: las agencias de medios que quieran participar en la franja deberán tener experiencia, declarar gastos, y presentar más papeles que una tesis universitaria. Aunque todos sabemos que si algo ha demostrado el Perú político, es su capacidad para fabricar papeles, facturas y méritos como si fueran anticuchos en la calle.
Claro, todo esto en un contexto donde partidos como Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos Perú ya han sido sancionados por usar la plata pública como si fuera propina de casino. Financian diplomados inútiles, maestrías eternas, o conferencias de autoayuda dictadas por su propia militancia. ¿Castigo? Una palmadita, un comunicado, y a seguir firmando contratos.
La ONPE, en su noble cruzada, parece ignorar que el cáncer no se cura con aspirinas. Estas restricciones llegan tarde, como todo en este país, cuando ya el presupuesto fue saqueado, la transparencia desollada y la credibilidad triturada. En cualquier democracia decente, estas normas serían básicas. Aquí, parecen una revolución.
Pero mientras no se garantice vigilancia real, sanciones efectivas, y condenas que se cumplan, estas nuevas reglas serán lo de siempre: letra muerta, o peor, papel higiénico de lujo para los partidos de siempre. Y mientras tanto, el ciudadano mira desde su esquina, sabiendo que su voto financiará el próximo “taller de liderazgo ético” dictado por un ex sentenciado que ahora se hace llamar “consultor político”.
Reflexión final
Dina Boluarte, por cierto, sigue en Palacio como si nada pasara, ajena a estas reformas de cartón y a los escombros institucionales que deja a su paso. Ella no dicta talleres, pero bien podría hacerlo: “Cómo gobernar sin gobernar”, “Cómo hablar sin decir nada” o “Cómo durar en el poder sin respaldo, sin plan y sin vergüenza”.
Y mientras el país intenta ponerle candados a las ratas, Boluarte sigue en su trono de indiferencia, esperando que llegue alguien a reconstruir todo lo que ella y sus aliados han dejado reducido a polvo. Que alguien recoja los restos. Que alguien, ojalá, tenga el valor de empezar de cero. Porque esto ya no es república: es un meme en loop.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra