Venezuela pasó de exportar petróleo a exportar riesgo. No es metáfora: en 2020, fiscales de Estados Unidos acusaron a Nicolás Maduro y a altos cuadros chavistas de confabular con las FARC para “inundar de cocaína” el mercado norteamericano, consolidando al país como bisagra de la economía ilícita regional.
Hoy, el llamado Cartel de los Soles —un entramado que entrelaza mandos militares, operadores civiles y grupos armados— ya no solo está bajo cargos penales y sanciones: fue incorporado por el Tesoro de EE. UU. a la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), lo que activa el máximo cerco financiero y de cumplimiento a escala internacional. La pregunta ya no es si existe: es cómo desmantelar una estructura que se volvió parte del propio andamiaje del poder.
La arquitectura criminal descrita por expedientes judiciales, reportes y fuentes opositoras muestra rutas terrestres, marítimas y aéreas que conectan selvas y litorales venezolanos con el Caribe, Centroamérica, EE. UU., Europa y África. No es solo tránsito: la captura institucional garantiza protección, logística y lavado. Transparencia Venezuela calcula que el narcotráfico generó USD 8.236 millones en 2024 y que alrededor del 24 % de la cocaína mundial pasa por territorio venezolano; magnitudes que explican por qué el negocio ilícito puede igualar —o superar— los ingresos petroleros en el país con las mayores reservas probadas del planeta.
El salto cualitativo de 2025 fue jurídico y operativo. Jurídico, porque OFAC tipificó al Cartel de los Soles como grupo terrorista transnacional, con riesgo de sanciones secundarias para bancos, navieras y testaferros que faciliten a la red; esto encarece su operación, dificulta pagar lealtades, mover cargamentos y usar el sistema financiero global.
Operativo, porque Washington ejecutó un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que —según su versión— transportaba droga y miembros del Tren de Aragua, y desplegó destructores, buques anfibios y miles de efectivos, abriendo una fase de interdicción más agresiva. El episodio ya es materia de debate legal sobre uso de la fuerza y proporcionalidad, pero evidencia un giro: el narco venezolano dejó el terreno de los comunicados para ingresar al de las reglas de enfrentamiento.
En paralelo, testimonios como el de David Smolansky describen una federación de redes incrustada en el Estado: conexión orgánica con ELN y disidencias FARC, salidas por Sucre, Delta Amacuro y Falcón hacia Antillas neerlandesas y Caribe, además de vuelos clandestinos desde Apure, Bolívar, Amazonas y Barinas. La red se alimenta de pobreza extrema, migración y colapso institucional, reclutando mano de obra y comprando territorios. Este diagnóstico no es semántico: define estrategia. Sin aislar los nodos militares y políticos que articulan la economía criminal, golpear eslabones menores solo produce efectos cosméticos.
La región enfrenta un doble dilema. Primero, seguridad: la transnacionalización del crimen alcanza puertos, fronteras y ciudades con homicidios, trata y microtráfico. Segundo, gobernanza: cuando un Estado se financia con rentas ilícitas, los incentivos del poder se reordenan en función del negocio, no de la ciudadanía. Por eso varios países —Perú, Ecuador, Argentina y República Dominicana— acompañan la narrativa de amenaza terrorista y endurecen cooperación, mientras otros exigen pruebas y estándares para evitar que el Caribe devenga zona de guerra permanente. Escepticismo no es negacionismo: es reglas claras para no erosionar el derecho internacional.
El Cartel de los Soles sintetiza el fracaso de un modelo: cuando la lealtad militar se paga con rutas, la política deja de representar y pasa a logística. Judicializar, sancionar y cercar es necesario, pero insuficiente si no se ataca el núcleo: la fusión entre poder y delito. La región requiere tres movimientos coordinados:
• Trazar y cortar las cadenas financieras (bancos, brokers, navieras y seguros) que alimentan la red;
• Ofrecer salidas y protección a mandos medios dispuestos a delatar la estructura;
• Blindar comunidades vulnerables con Estado real —servicios, empleo y justicia— para que el narco deje de ser el proveedor sustituto.
Venezuela no saldrá del atolladero solo con fragatas ni con hashtags. Saldrá cuando la impunidad sea inviable, el dinero ilícito no encuentre bancos ni puertos, y el poder deje de camuflarse de “soberanía” para cubrir un negocio. Hasta entonces, el país seguirá siendo “puente”: no de integración, sino de un comercio que mata y corroe instituciones.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra