La ONPE ha elegido a una firma estadounidense —CGTS Corp— para auditar el flamante sistema de voto digital que debutaría en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. Lo anuncian como un paso a la modernidad; suena más a laboratorio. ¿Estamos frente a un avance o ante un tubo de ensayo donde la credibilidad democrática es la cobaya? Cuando las instituciones piden fe a ciegas, la ciudadanía debe encender la luz.
El guion es así: Ley 32270 publicada el 24 de marzo; dos convocatorias para auditar (1 y 30 de septiembre); y finalmente CGTS Corp, que en su web asegura “15 años de experiencia” en soluciones electorales. Bien por la tarjeta de presentación, pero la democracia no se valida con eslóganes. ¿Dónde están los casos auditados, los informes independientes, los repositorios abiertos del código, los pentests públicos?
La ONPE, además, entregó al JNE el sistema completo —manuales, código fuente, llaves de acceso— para una auditoría propia. Plazos quirúrgicos: revisión hasta el 16 de diciembre, informe el 18 y remisión a ONPE el 19, con diez días para levantar observaciones. Todo correcto… en papel. El problema es que un cronograma apretado no equivale a seguridad; la criptografía no obedece al calendario político.
El “piloto” incluye a quienes menos deberían cargar con riesgos: personal militar y policial, trabajadores de salud, peruanos en el exterior y personas con discapacidad. Requisitos: internet estable y DNI electrónico. ¿Redes saturadas? ¿Cortes de energía? ¿Ataques coordinados? La promesa es “facilitar”, pero sin protocolos de contingencia transparentes, la facilidad puede convertirse en vulnerabilidad.
No se trata de tecnofobia; se trata de gobernanza. Un voto digital sin auditoría comunitaria, sin bug bounties serios, sin observación académica y ciudadana, sin registro en papel verificable, es un salto de fe. Y la fe, en elecciones, es un lujo que la república no puede pagar.
Modernizar no es experimentar con el cimiento. La ONPE y el JNE deben publicar de inmediato: alcance del contrato, metodologías de prueba, resultados intermedios, lista de hallazgos, correcciones aplicadas y procedimientos de contingencia. La democracia no puede ser “caja negra”. Si el sistema es sólido, soportará la luz; si no, mejor detenerse que estrellarse.
Reflexión final
En 2026 elegiremos autoridades, no conejillos para laboratorio. Luchar contra el abuso y la indiferencia también es exigir transparencia tecnológica. Que el mensaje quede claro: el voto es sagrado; cualquier experimento que lo toque, sin garantías públicas y verificables, será objetado. La modernidad no es un atajo: es un contrato ético con la ciudadanía.