La alerta de la Embajada de Estados Unidos por el estado de emergencia en Lima y Callao no es un trámite rutinario: es un llamado de atención. Cuando el país con mayor capacidad de inteligencia aconseja a sus ciudadanos extremar precauciones, portar documentos, evitar aglomeraciones y no resistirse ante robos, el mensaje es inequívoco: la amenaza es real y la respuesta del Estado peruano aún no inspira confianza. La señal, diplomática pero firme, interpela al Gobierno de José Jerí: seguridad no se decreta, se gestiona con resultados verificables.
El estado de emergencia habilita el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía y permite restricciones al tránsito y la reunión. Pero sin una estrategia clara, esas medidas se convierten en una pausa frágil. La ciudadanía ya ha visto operativos vistosos que no perduran, cifras que no cuadran y conferencias que sustituyen a la rendición de cuentas. La alerta de Washington actúa como espejo: si una sede diplomática insiste en el autocuidado, es porque percibe que el sistema público no está garantizando el cuidado colectivo.
La salida no pasa por aumentar decibeles ni por multiplicar patrullajes de ocasión, sino por un plan maestro con metas públicas, responsables identificables y seguimiento continuo. Se requiere inteligencia criminal y financiera que golpee mandos y circuitos de lavado; control penitenciario que corte el comando desde las cárceles; patrullaje focalizado según mapas de calor y evidencia; coordinación con fiscalías y municipios para que la prevención urbana y la respuesta penal no choquen entre sí. Igual de crucial es el respeto estricto a los derechos: reglas de uso de la fuerza, cámaras corporales, protocolos de identificación y defensoría presente en la calle. Confundir orden con silencio erosiona legitimidad y, a la larga, alimenta la violencia que se pretende contener.
La cooperación internacional puede sumar tecnología, formación y buenas prácticas, pero la responsabilidad es local. Si la respuesta vuelve a ser anuncios sin indicadores, el país seguirá atrapado en un bucle de emergencias renovadas y alertas reiteradas.
La embajada no “castiga” al Perú; desnuda una insuficiencia. El mensaje a José Jerí es directo: pasar del decreto al desempeño. Un plan medible, transparente y sostenido puede transformar la alerta en oportunidad para recuperar la calle y la confianza. Seguridad sin plan es una pausa; seguridad con plan es política pública que protege libertades y vidas. Ese, y no otro, es el estándar que el mundo —y los peruanos— esperan.